La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que rechace el dictamen de la Procuración General de la Nación que avaló el desembarco de Farmacity en la Provincia.
“Estamos en contra de este pronunciamiento que sólo contempla un interés comercial particular y afecta directamente al acceso a la salud de los bonaerenses”, dijo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
El pedido del organismo al máximo tribunal nacional se produce tras la disposición del procurador interino, Eduardo Casal, quien consideró inconstitucional la ley que frena el ingreso de la cadena al territorio bonaerense.
Reivindicamos el carácter de las farmacias como un servicio de utilidad pública en el que debe garantizarse el acceso igualitario al medicamento como bien social. Por lo tanto, exigimos responsabilidad empresarial y que se respete la ley provincial de farmacias. pic.twitter.com/ZN3EAIAvV1
— Guido Lorenzino (@GLorenzino) April 13, 2018
“Sucede lo que venimos denunciando desde hace tiempo: se están dando una serie de maniobras que claramente benefician al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana”, apuntó Lorenzino.
A través de un comunicado, asimismo, se sostuvo que Casal “no reconoce el carácter de las farmacias como un servicio de utilidad pública, indispensable para el acceso igualitario al medicamento como bien social”.
“Exigimos responsabilidad empresarial y que se respete la ley provincial de farmacias”, concluyó el Defensor del pueblo.
