Tras varios meses de dilaciones por parte de las autoridades provinciales, los isleños del Delta bonaerense decidieron esta semana salir a buscar respaldo legislativo para visibilizar su reclamo contra los repetidos aumentos de tarifas que vienen sufriendo en el trasporte público fluvial.
En alerta por un posible nuevo incremento, primero pasaron por el Congreso donde expusieron su problemática a diputados nacionales y luego viajaron a La Plata donde se reunieron a puertas cerradas en una sala del Anexo de la Cámara Baja bonaerense con diferentes bloques de la oposición.
Actualmente, los cerca de 15 mil habitantes del Delta bonaerense tienen a disposición 80 “lanchas colectivos” que pertenecen a cinco empresas. Los boletos van desde $25, en su trayecto más corto, a $90, para el recorrido más extenso.
Los representantes de la ONG Unidad Isleña que llegaron a la capital bonaerense expresaron que se sienten “ciudadanos de segunda”, que ya no pueden “pagar las tarifas” y que se encuentran en una situación “de emergencia”.
A su vez, explicaron que intentaron tender puentes para ser escuchados por el subsecretario de Trasporte de la provincia, Mariano Ocampos, y por el ministro de Infraestructura Roberto Gigante, pero no obtuvieron respuestas satisfactorias.
“Tienen una preocupación lógica porque su medio de trasporte se encarece cada vez más. Hoy para viajar saliendo del puerto de Tigre para el Paraná Miní, que son 40 kilómetros de viaje, el costo del pasaje es de $400”, detalló el diputado massista de San Fernando, Juan Adreotti, uno de los protagonistas del encuentro a Diputados Bonaerenses.
Si bien el conflicto viene de arrastre, en 2004 el trasporte fluvial quedó afuera de las compensaciones tarifarias que prevé el Sistema Integrado de Trasporte (SIT) para el trasporte terrestre (automotor y ferroviario), hasta el 2015 la anterior administración subsidiaba a las empresas con fondos del Ministerio de Educación bonaerense vía el contrato escolar.
Pero en los albores de la gestión de María Eugenia Vidal una auditoria detecto los abultados contratos escolares y las autoridades bonaerenses decidieron dar de baja estos “subsidios encubiertos” con los cuales se congelaban las tarifas. A partir de ese momento, las diferentes correcciones que realizaron las empresas fueron a parar al boleto.
El reclamo y las alternativas legislativas
Ahora frente a un escenario de turbulencias en la economía, donde se prevén nuevos incrementos en los precios de los combustibles y por consiguiente en las tarifas, los isleños piden que el trasporte fluvial sea incorporado al SIT para que reciba las mismas compensaciones que el terrestre.
Desde el Congreso Nacional media decena de diputados confeccionaron un proyecto de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla con esta exigencia. En tanto, a nivel provincial, a instancias del bloque massista, ayer se aprobó en la Cámara baja un texto en donde se le demanda a Vidal que replique el reclamo a Nación.
“Hoy ningún jubilado, pensionado o beneficiario de programas sociales puede acceder a los beneficios que tienen los habitantes del continente. Los isleños están pidiendo que Estado intervenga para no tener que pelear con las empresas”, explicó Andreotti desde el recinto de Diputados.
Pero además se exploran otras variantes. Los legisladores bonaerenses realizarán un pedido formal para que tanto el subsecretario de Trasporte, Mariano Ocampos, como el ministro Roberto Gigante, “bajen” a la Legislatura para escuchar a los vecinos.
Al mismo tiempo, trabajan en la elaboración de un proyecto de ley que declare la emergencia en el trasporte fluvial bonaerense. Por ahora el borrador contempla la reducción del 50% de la tarifa para residentes, una línea especial de créditos para las empresas y la condonación de deudas.
La letra chica del texto se definirá la semana que viene en un encuentro en San Fernando encabezado por los diputados Andreotti, Juan Debandi (Unidad Ciudadana), Carlos Urquiaga (PJ Unidad y Renovación) y la senadora María Teresa García (Unidad Ciudadana) con isleños.
