El conflicto que generó en la provincia de Buenos Aires un eventual desembarco de la cadena Farmacity cuyo control aún tiene el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, impulsó al oficialismo a presentar un proyecto para que todos los funcionarios adjunten a sus declaraciones juradas los antecedentes laborales.
“Creemos que para tener una provincia ordenada y controlada en todos sus ámbitos debemos también evitar posibles inconvenientes institucionales con funcionarios en el futuro”, dijo el diputado de Cambiemos y autor del proyecto, César Torres.
La iniciativa indica que todos aquellos funcionarios que estén o tengan intenciones de estar en la función pública de la provincia de Buenos Aires deberán presentar dentro de sus declaraciones juradas sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses y de acuerdo a los principios de integridad que puedan existir.
“En el caso de que se encuentren graves inconsistencias, omisiones y/o irregularidades una autoridad de aplicación se encargará de trabajar en ese sentido y podrá pedir una reparación al respecto”.
En este caso, según el artículo sexto, la autoridad de aplicación podrá “separar al funcionario de la función pública o la intervención de otras autoridades para evitar un conflicto de interés o alguna irregularidad, según el caso“.