A 10 días de que el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, redactado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, llegue al recinto de Diputados hay cerca de una treintena de legisladores que aún no fijaron postura.
La discusión en las cuatro comisiones por las que pasaron más de 700 expositores refleja una paridad que deberán torcer sus impulsores para que el martes 12 reciba despacho favorable. Por eso, sus impulsores estudian una serie de cambios para perforar la paridad.
1- Objeción de conciencia: evalúan permitir que los médicos se nieguen a interrumpir un embarazo, pero solo se habilitaría esas situaciones de manera excepcional para los profesionales que se inscriban con anterioridad en un registro público.
Los centros de salud cargarían con la obligación de contar en su plantel con médicos dispuestos a garantizar el cumplimiento de la ley. Es decir, se contemplaría la objeción de conciencia para los médicos de manera individual, pero no para las instituciones de salud.
2- Artículo 8: habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a practicarse un aborto sin la autorización de sus padres. Para evitar polémica, buscan eliminar el artículo y dejarlo supeditado a lo dispuesto en la actualidad en el Código Civil y Comercial.
Esa norma, aprobada en 2014, indica que los jóvenes de entre 13 y 16 años “tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.
Agrega que si se trata de tratamientos invasivos, “el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores”, y que en caso de conflicto entre ambos “se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica”.
3- Malformaciones fetales graves: el proyecto faculta a las mujeres a realizarse un aborto después de la semana 14 en estos casos. Ante críticas que señalaban que se trataba de eugenesia (por ejemplo, ante un diagnóstico de síndrome de Down), los promotores del proyecto tienen previsto aclarar que solo se permitiría el aborto después de la semana 14 si se tratara de “malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina”.
La interrupción voluntaria del embarazo después de la semana 14 de gestación también quedaría autorizado en los casos de violación (en los que bastaría con una declaración jurada de la mujer, sin intervención judicial) y cuando “estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano”.
4- Información para las mujeres: se pondrá a disposición toda la información necesaria para tomar la decisión. Esta instancia no incluiría un período de reflexión de reflexión obligatoria y no afectaría el plazo máximo de 5 días estipulado en el proyecto para la realización del aborto desde el momento en que la mujer asiste al centro de salud.
5- Reforzar las políticas de salud sexual y reproductiva: es una forma de dotar a la iniciativa de un enfoque integral que permita neutralizar los argumentos de los diputados que proponen reforzar la prevención en lugar de legalizar el aborto.
