Esta mañana ingresó a la Legislatura bonaerense un nuevo pedido de interpelación para el ministro de Educación provincial, Gabriel Sánchez Zinny. Se trata de uno de los tantos presentados este año para que el ex titular del SAME de cuenta ante los legisladores sobre el estado de la educación en la provincia.
En la misma situación se encuentran media docena de ministros de Vidal. Cristian Ritondo, de Seguridad, Roberto Gigante, de Infraestructura, Andres Scarci, de Salud, Hernán Lacunza, de Economía, y el jefe de Gabinete, Federico Salvai, cuentan entre los requeridos por los diputados y senadores bonaerenses.
En este caso, el pedido de interpelación a Sánchez Zinny fue presentado por la bancada del Frente de Izquierda en Diputados como respuesta al escándalo del funcionario de la Dirección de Cultura y Educación (DGCyE) que pidió “inventar” presupuestos.
El viernes pasado se filtró un audio donde se escucha al director provincial de Infraestructura Escolar, Mateo Nicholson, pedirle a una colaboradora “inventar los presupuestos que nos faltan”. “Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Sé que no lo tenemos listo pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan”, dice el funcionario a cargo de las obras en escuelas de la provincia.
“El audio deja en claro que mientras quieren imponer paritarias del 15% con una inflación del 30%, despidos, recorte a salud y educación; mientras ajustan a los trabajadores los funcionarios de Vidal se enriquecen a costa del vaciamiento”, cuestionó el diputado Guillermo Kane.
Para el legislador se trata de “una política sostenida de vaciamiento que vienen denunciando los trabajadores de la DPI. Lo mismo hicieron ya con la disolución de la UEP, el otro organismo que tenía a su cargo el arreglo de escuelas. Está claro que no hay un desvío de fondos para otros fines”.
Al mismo tiempo, la senadora kirchnerista Teresa García realizó una denuncia ante la Justicia para que se investigue la posible comisión de los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos”.
La presentación de García ante el Juzgado de Garantías 6 solicitó, además, que se identifique el teléfono celular donde se grabó el audio, se secuestren computadoras y se identifique al destinatario del mensaje que se filtró.
