Luego de tres semanas de debate en las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales por las que pasaron más de cien expositores a favor y en contra de la legalización, el Senado votará el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de junio pasado.
Pese a que la tendencia en contra suma 37 votos frente a 31 a favor y aún hay dos senadores -Omar Perotti de Santa Fe y el tucumano José Alperovich- que permanecen indefinidos, toda la expectativa estará puesta en lo que suceda en el recinto desde las 9.30 y en la fuerza que pueda ejercer la gente desde la calle.
Entre los senadores hubo un acuerdo respecto al tiempo para hablar en el recinto: los presidentes de las tres comisiones que intervinieron tendrán 15 minutos, los jefes de bloque 30 y el resto de los oradores 10 minutos cada uno.
El debate iniciará en el recinto con una discusión reglamentaria, debido a que el proyecto con modificaciones no consiguió la semana pasada dictamen de comisiones por la negativa del sector “celeste” a firmar despacho y la insuficiente cantidad de firmas de la facción “verde”, que reunió 26 de las 27 que necesitaba para lograr un dictamen de mayoría.
Por lo tanto, lo que se someterá a votación será el proyecto tal cual llegó de la Cámara de Diputados, que contempla la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos y clínicas privadas de manera gratuita hasta la semana 14 de gestación.
Se establece además un plazo de cinco días desde el momento de la solicitud para que el profesional de la salud o la institución médica lleve adelante el aborto y se impone una pena de entre tres meses y un año de prisión y el doble de inhabilitación para el médico que obstaculice o dilate injustificadamente la práctica.
El proyecto fija la creación de un registro para médicos que se declaren objetores de conciencia frente a esta práctica pero prohíbe la objeción institucional y también la creación de un registro estadístico para llevar un control sobre la cantidad de abortos que se realizan por año.
Sólo se autoriza la interrupción del embarazo después de la semana 14 cuando existan causales graves como el embarazo producto de una violación, la inviabilidad de vida extrauterina para el feto y el riesgo de salud de la mujer.
Si el proyecto fuera aprobado en general se pasará a la votación artículo por artículo, donde se discutirán los cambios acordados: bajar el plazo a 12 semanas de gestación, permitir la objeción de conciencia institucional, eliminar el artículo de las penas para los médicos y la producción pública de misoprostol, para el aborto por vía medicamentosa.
En este escenario, deberá volver a Diputados para su segunda revisión. Allí la Cámara baja podrá confirmar los cambios o insistir con el proyecto inicial.
Si finalmente se impusiera el “No”, el proyecto no podría volver a tratarse sino hasta el año que viene, ya que la ley prevé que, en caso de rechazo, tiene que pasar un año desde la fecha original de presentación. Lo más probable es que se espere hasta 2020, hasta el recambio del Congreso.
