Por Julián Portela*
“Quiero suponer que si la República Argentina se compusiese sólo de abogados, sería la peor población que pudiera tener”. Esto no lo dijo ayer alguien que cuestionara que somos demasiados, que hablamos difícil o que solo nos inspira el lucro personal. Quien lo reconoció hace mucho fue el propio Juan Bautista Alberdi, el padre de nuestra Constitución y por quien hoy justamente celebramos el día del abogado en recuerdo de su natalicio, como también podríamos hacerlo en el de otros colegas que signaron la evolución institucional de este siempre joven país, como Mariano Moreno y Joaquín V. González o, más reciente y cercanamente, Alfredo Palacios, Arturo Sampay o Raúl Alfonsín.
Claro que Alberdi imaginaba un futuro con escasos abogados para una nación ya organizada y respetuosa de la ley, que pudiera ocuparse plenamente de su desarrollo económico y su evolución cultural. Lejos estaba el famoso jurista tucumano de imaginar que, a siglo y medio, nuestra república aún se presenta frágil no sólo para hacer frente a tormentas económicas, sino principalmente para sostener un compromiso coherente con el respeto de la ley, garantizar la convivencia social y prevenir la omnipresente corrupción.
Dado que el abogado analiza el conflicto como el médico a la enfermedad, no es tan paradójico entonces que -en un país frecuentemente convulsionado- la abogacía siga siendo una de las carreras más elegidas por los jóvenes, que nos suelen manifestar en clase su genuina preocupación por desentrañar el misterio de una Argentina anómica y desorientada, que sigue mostrándose desorganizada para desarrollarse con armonía social y que sufre entre timonazos ideológicos que suelen olvidar que no hay otra forma constitucional de gobernar que simultánea -y no excluyentemente- con compromiso social y con honestidad.
Por ello, al tradicional rol de defensa de derechos individuales y monitoreo de la legalidad, frente a tiempos de crisis debe acentuarse la función social de la abogacía, aquella que exige que corporativamente se abandone cualquier actitud elitista o indiferente con la realidad social, y se avance en el compromiso cívico de defender los derechos de los más vulnerables, fomentando la tolerancia entre quienes piensan distinto sin estigmatizar ni discriminar, se intervenga mediando con alternativas razonables ante los extremos disuadiendo toda forma de violencia y, principalmente, se consolide una fiscalización crítica que desconfíe permanentemente de las mieles del poder de turno.
Es por ello que frente a estos tiempos de crisis, y particularmente en La Plata, como tradicional foro de abogados que provee una de las facultades públicas más reconocidas del país por el compromiso social y político de sus egresados (muchos de ellos funcionarios, jueces, docentes o referentes cívicos), nos corresponde hoy celebrar merecida pero mesuradamente el haber elegido una profesión fundamental para articular y mediar ante los cada vez más frecuentes conflictos colectivos, interpretando y en su caso apoyando la expresión de las manifestaciones legítimas ante ajustes y recortes que afectan a derechos laborales (como ocurre con los docentes bonaerenses o con los trabajadores de Astilleros Rio Santiago), de subsistencia (que plantean las organizaciones sociales) y de educación y progreso (como exige la comunidad universitaria).
Es que esa necesaria función social de la abogacía también nos la legó el gran Alberdi, para quien mientras no nos comprometamos en humanizar “la intervención en el desenlace y arreglo de los conflictos”, seguiremos siendo simplemente una semi-civilización. Por ello, siempre en época de crisis honrar nuestra profesión será comprometernos activamente en la articulación de los conflictos sociales, cumpliendo con nuestra misión de abogar por el bienestar general.
*Abogado
Profesor UNLP
Habitualmente publica sus columnas en Catarsis Cívica
