Lo que hasta ahora era sólo una denuncia de parte de la oposición sobre la posible liberación de 1.500 presos de las cárceles bonaerenses por parte de la administración de María Eugenia Vidal, este lunes empezó a encontrar confirmaciones oficiales.
“A raíz de la superpoblación empezamos a mirar todas las situaciones que podrían tener un tratamiento especial dentro del sistema penitenciario: delitos leves, neuropsiquiátricos, extranjeros”, admitió el subsecretario de Política Penitenciaria de la Provincia, Juan Barik a LaNación.
Según pudo saber Diputados Bonaerenses el inicio de esta medida se daría con la deportación de reclusos extranjeros. Un equipo del Ministerio de Seguridad trabaja en la revisión de casos, notificaciones y los trámites pertinentes.
En lo que va del año, 23 presos ya fueron remitidos a sus países, y otros 300 están en condiciones de seguir sus pasos, en caso de que se complete el proceso judicial-migratorio.
“Estamos trabajando en identificar a las personas privadas de su libertad que, por ser extranjeras y haber cumplido la mitad de sus penas, pueden calificar para entrar dentro del proceso previsto en la ley de migraciones”, afirmó Gustavo Ferrari.
Los extranjeros representan el 5,14% de la población total penitenciaria de la provincia, que es de 42.000 detenidos, repartidos en 56 cárceles y alcaidías bonaerenses. En tanto, las plazas disponibles son 28.000, por lo que la superpoblación es del 50%.
El proceso se inicia en el Ministerio de Justicia. A partir de ahí se habla con el defensor del recluso y con el juez que supervisa el cumplimiento de la pena; si dan su aval, se le ofrece al preso enviarlo a su país natal.
En caso afirmativo, el trámite final queda en manos de la Dirección Nacional de Migraciones. Los pasajes de los presos a extrañar corren por cuenta de las compañías de aviación, que según la normativa vigente deben reservar dos lugares para estos casos.
