En abril de este año el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo prometió en conferencia de prensa que “en los próximos 180 días” los nueve mil colectivos que circulan en la provincia tendrían “instalado el sistema de cámaras”.
Unas horas antes en La Matanza dos pasajeros asesinaban a balazos a Leandro Miguel Alcaráz, un chofer de la línea 620. Las palabras de Ritondo sonaron repetidas, pues un año atrás, por la muerte de otro colectivero ya se había comprometido en ese sentido.
El contexto de fondo, era una ley sancionada por la Legislatura en 2016 y nunca reglamentada. Unas semanas después la gobernadora María Eugenia Vidal publicaría la medida en el Boletín Oficial.
Sin embargo, el nuevo plazo tampoco se cumplió. Recién este viernes la cartera de Seguridad publicó la resolución que detalla las especificaciones técnicas que deberán cumplir las empresas de colectivos.
En el texto se detalla que “cada unidad deberá contar con al menos cuatro cámaras”. Los equipos visualizarán las puertas de ascenso y descenso, el interior y la vista delantera que tiene el chofer.
Según consta, esas imágenes deberán ser controladas en tiempo real por un centro de monitoreo -sobre el cual no se brindan precisiones. Además, las unidades tendrán que incorporar un módulo de GPS y un botón antipánico.
Ahora, las miradas se vuelven a enfocar en los tiempos de aplicación –este viernes se cumplieron 187 días desde la reglamentación de la ley provincial. En todo momento, el obstáculo fue la resistencia de las empresas y la consiguiente falta de decisión política.
Para cubrir el “problema de financiamiento” –en palabras de Ritondo- los anuncios de abril incluyeron el lanzamiento de una línea de créditos blandos a cuatro años que, a juzgar por los resultados, no tuvo incidencia.
En medio de los vericuetos administrativos y los incumplimientos, los ataques a colectiveros se siguieron sucediendo. Sólo en octubre fueron dos los choferes violentados –uno en Moreno y otro en Lomas de Zamora.
