Emiliano Giri, un viejo conocido del intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo que por estas horas volvió a formar parte del Gabinete municipal, no fue bien recibido ayer en la Cámara de Diputados bonaerense.
Sucede que el flamante director de Obras Sanitarias de ese distrito asumió como diputado suplente en reemplazo del jefe de bloque Cambiemos, Maximiliano Abad, que pidió licencia extraordinaria. Pero no parece haber sido el mejor momento.
Su desembarco coincidió con el tratamiento de dos proyectos, que se terminaron unificando, que repudiaban “la amenaza de desalojo por parte de Arroyo a la Casa de la Memoria”, espacio del que hacen uso los organismo de derechos humanos desde 1998.
“El municipio desconoce que hace 20 años en esa casa funcionan una diversidad de organizaciones. Es una provocación y es un atropello para la memoria para este lugar tan importante”, cuestionó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Miguel Funes.
A su vez, el también autor de uno de los textos, dijo que para “quien lee las expresiones de Arroyo no puede asombrarse”. “Es quien militó al lado del represor Luis Patti, quien tiene expresiones misógenas y reñidas con los derechos humanos”, sentenció.
Otro de los que tomó la palabra para cuestionar la decisión fue el marplatense Juan Manuel Cheppi. “Es parte de una sucesión de hechos que se venían manifestando. Por más que la Gobernadora quiera diferenciarse es parte de su gobierno”, cuestionó.
Acto seguido fue el turno del ex presidente del Emtur. “El municipio pretende acreditar la propiedad porque hay un acuerdo que no figura en el área administrativa. No se está planteando el desalojo a ningún sector”, se animó Giri a defender a su jefe político.
Pese a la argumentación, las palabras del propio Arroyo dejan entrever algo más que un pedido de acreditación. “Es una propiedad que está produciendo gastos, no puedo dejar que se destruya y que no se sepa en manos de quien está”, dijo esta semana.
El último en asestar un golpe al efímero diputado, fue el legislador del FIT Guillermo Kane. “No puede haber intimación o algún tipo de apriete contra el funcionamiento de la Casa de la Memoria”, aseguró.
“El problema es que en el poder político de la ciudad hay inacción ante el accionar de bandas fascistas, hace poco vetó una ordenanza que planteaba un línea de género. En este contexto, nadie piensa que es un error administrativo”, remató Kane.
