El diputado del Frente Renovador, Ricardo Lissalde, trabaja en la confección del proyecto de ley “Boleta Limpia” que busca establecer condiciones para la elección de candidatos a ocupar cargos públicos provinciales y partidarios.
“El escrito pretende restringir temporaria el derecho a ser elegido con lo cual no sólo se respeta el principio de inocencia, sino que es uno de los tantos institutos cautelares que, de manera razonable, tiene lugar antes del dictado de la sentencia firme”, aclaró el legislador.
Así, no podrán ser precandidatos a cargos públicos electivos provinciales aquellas personas que estén condenadas, con fallo en segunda instancia, por delitos como enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, corrupción, entre otros.
Para ello, la iniciativa parlamentaria modificará la Ley de Elecciones Primarias, Abiertas y simultáneas (PASO) y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para adaptarlas a los requisitos que se proponen desde el Frente Renovador.
“El tema de la corrupción es uno de los problemas más graves que enfrentan las sociedades modernas, enquistado en todos sus niveles, tanto en los ámbitos gubernamentales como civiles -entendida como el abuso de poder para beneficio propio”, agregó el renovador en los fundamentos de la normativa.
El antecedente más cercano es el caso de Brasil, donde a través de una Iniciativa “Popular Ficha Limpia” organizado por entidades de la sociedad civil, reunieron más de 1,6 millones de firmas con el objetivo de aumentar la idoneidad moral de los candidatos políticos a cargos electivos.
“Para lograr que la sociedad retome la confianza con los políticos, es necesario este tipo de iniciativas que den garantías de transparencia en un país donde la corrupción fue y es protagonista”, señaló Lissalde.
Cabe destacar que se aprovecha la oportunidad para adaptar la normativa provincial a la nacional por lo que también se excluyen de poder presentarse como candidatos a cargos electivos a las personas que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, magistrados y funcionarios del poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales.
