Tras criticar a las organizaciones sociales por realizar el pasado jueves cortes en los accesos a Mar del Plata y en diferentes puntos del país en reclamo de empleo, el diputado provincial de la Coalición Cívica Guillermo Castello presentó un proyecto de ley para que aquellos que participen de “piquetes” dejen de recibir planes sociales.
“Toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas será suspendida. El derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”, indica la ley de Castello.
La iniciativa del “lilito”, contempla también sanciones para las agrupaciones que realicen marchas. “Las personas jurídicas que reincidan en actos como los señalados, serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica”, indica el articulado.
No obstante, la propuesta admite el supuesto de que se revierta la suspensión “si la persona involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados, u ofrece garantía suficiente a satisfacción de las víctimas”.
“El Estado, en sus diferentes niveles, destina una parte sustancial de su presupuesto a ayuda social con el propósito de contener múltiples vulnerabilidades de distintos orígenes; pero cortar calles y rutas, es un delito”, lanzó el legislador
En ese sentido, un relevamiento de la consultora Diagnóstico Político, detectó que en el 2018 la cantidad de “piquetes” fue de 5857 en todo el país, llegando en la provincia de Buenos Aires a 1269, uno cada siete horas.
“Lamentablemente, en los últimos años muchas de las organizaciones sociales se han politizado al extremo y se han transformado en fuerzas políticas en sí mismas, convirtiendo su principal actividad en organizar protestas y manifestaciones de manera constante y sistemática”, concluyó el diputado marplatense.
