La gobernadora María Eugenia Vidal buscará esta semana dar media sanción en el Senado bonaerense a un proyecto de ley que anula los subsidios a la actividad hípica, a pesar de los rechazos que viene cosechando. Este fin de semana, los intendentes oficialistas, Gustavo Posse (San Isidro) y Hernán Bertellys (Azul) salieron a defender el turf junto a sus comunidades.
La actividad hípica del norte bonaerense realizó una protesta pacífica con banderas argentinas y pancartas dirigidas a Vidal. “Lo que no se tiene en cuenta es que esta actividad lo único que hizo es dar trabajo. Es la segunda actividad pecuaria del país. Es un sector que no consume dólares, pero sí los trae. Estoy acá porque este es el lugar de la industria y del trabajo”, dijo Posse.
En paralelo, en Azul el presidente del Jockey Club, Javier Fayt, planteó que “el gobierno provincial haciendo una interpretación errónea dice que es un subsidio y que esa plata se podría destinar a salud y no es así”.
Según afirmaron los representantes del sector que mantuvieron una reunión con el secretario de Gabinete y Gobierno de Azul, Alejandro Vieyra, el municipio anunció el apoyo para que la comuna no sea incorporada a la modificación de la Ley 13.253.
En concreto, el objetivo de Vidal es tratar sobre tablas en la Cámara Alta un proyecto para modificar la Ley 13.253 que garantiza el “Fondo de Reparación” para la actividad hípica. Este subsidio se instauró en 2003 con la gestión de Felipe Solá a partir de la puesta en línea de las máquinas tragamonedas de la Provincia, de donde sale el dinero que va para la hípica (principal rama industria del juego que genera trabajo genuino). Actualmente, el subsidio anual al turf es de $1.000 millones.
Desde el sector afectado, plantean además que el dinero que va de las tragamonedas al turf no se destina a estimular el juego, sino que va a premios, volviendo a la actividad. “Si lo sacamos, le sacamos al propietario el incentivo para comprar un caballo de carrera, que siempre pierde plata”, denunciaron desde el hipódromo de Tandil.
En San Isidro, vareadores, jockey y personal de mantenimiento del hipódromo más grande de la Provincia pidieron que frenen el proyecto ya que “pone en riesgo 80.000 puestos de trabajo y a unas 300.000 familias que viven de la actividad hípica, con su efecto multiplicador para el resto de la economía, generando divisas y empleo”.
