La presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Teresa García, amplió su denuncia contra María Eugenia Vidal por los aportantes falsos de Cambiemos en la campaña electoral 2017 y pidió que se investigue la base de datos de los “monotributistas sociales” que también habrían sido utilizados de manera ilegal.
“A medida que la investigación se difundió en forma masiva en diversas redes sociales, los casos siguieron aumentando. Fueron los propios damnificados quienes manifestaron públicamente no haber realizado ninguna contribución”, expresó en la denuncia la legisladora.
La ampliación fue radicada en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, luego que las autoridades judiciales pidieran la ratificación de la denuncia efectuada el 4 de julio pasado.
“Todos los días aparecen nuevos casos, y ya no solamente se trata de beneficiarios de planes sociales, lo cual es absolutamente repudiable, sino que ahora también se hizo público el testimonio de diversos monotributistas sociales que niegan haber aportado”, sostuvo la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana.
Hace instantes me presenté en el juzgado para ratificar mi denuncia sobre falsos aportantes a la campaña de @cambiemos 2017. pic.twitter.com/WPm6dnlfSf
— Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) July 17, 2018
García realizó la denuncia en base a una investigación del periodista Juan Amorín, que da cuenta de que el oficialismo lavó dinero durante la contienda electoral en provincia de Buenos Aires al utilizar titulares de planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja para hacerlos pasar como pequeños aportantes de campaña de Esteban Bullrich.
Según el relevamiento actual, los falsos aportantes superarían los mil casos. “Todo ello hace suponer que probablemente estemos frente a una operatoria fraudulenta cuya escala y diversidad de modus operandi aún desconocemos. Por eso mismo, estos hechos deben ser rigurosamente investigados”, finaliza la denuncia presentada en la capital provincial.
En julio de 2016 el diputado nacional Rodolfo Tailhade había denunciado penalmente que la decisión de traspasar la base de datos de la Anses al ámbito de la Jefatura de Gabinetes de Ministros encubría fines ilícitos como los que hoy surgen de las investigaciones periodísticas.
En este sentido, el legislador pidió la reapertura de la causa por tráfico de datos que había sido cerrada en 2016 por el juez Ariel Lijo y además solicitó al juez Sebastián Casanello que investigue el presunto lavado de dinero.
Por esta denuncia, se requirió que sean investigados el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco; y el subdirector ejecutivo de la Anses, Federico Braun.
