El senador nacional Fernando “Pino” Solanas radicó una denuncia contra los empresarios “arrepentidos” en la causa de las fotocopias de los cuadernos que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío.
“Hoy presenté en el Juzgado Nº 10 (Julian Ercolini) Fiscalía 1 (Jorge Di Lello) una denuncia penal contra Calcaterra, Wagner y Roggio, y otros empresarios, por los delitos de evasión fiscal y lavado de activos”, anunció a través de su cuenta de Twitter.
Hoy presenté en el Juzgado Nº 10 (Julian Ercolini) Fiscalía 1 (Jorge Di Lello) una denuncia penal contra Calcaterra, Wagner y Roggio, y otros empresarios, por los delitos de evasión fiscal y lavado de activos.
Pueden leer la denuncia completa acá: https://t.co/QDmgZ9OnK0.— Pino Solanas (@fernandosolanas) August 14, 2018
Entre los denunciados están Angelo Calcaterra (Iecsa), Carlos Wagner (Esuco), Héctor Zavaleta (Techint), Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Juan de Goycoechea (Isolux), además de Aldo Roggio, Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Armando Loson (Grupo Albanesi).
En los considerandos, Solanas acusa a los empresarios por los delitos de evasión fiscal y lavado de dinero, explicando que “se acogieron a la figura del arrepentido, en razón de supuestamente haber entregado diversas sumas de dinero por varios millones de dólares”.
Si bien Calcaterra, Roggio, Wagner y los otros empresarios declararon ante Bonadio como “arrepentidos”, todavía se los debe investigar por el origen de los fondos que admitieron haber entregado a funcionarios públicos.
— Pino Solanas (@fernandosolanas) August 14, 2018
“Las sumas entregadas corresponden a posibles sobreprecios en la realización de distintas obras públicas realizadas desde los años 2003 hasta el 2015, y con el objeto de ser beneficiarios de las mismas en las correspondientes licitaciones“, esbozó Soanas.
Entre los empresarios que se acogieron a la figura del “imputado colaborador”, que habilita la ley sancionada en 2016, figuran Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Todos fueron liberados por Bonadío.
La posible existencia de sobreprecios en la obra pública no se circunscribe a la gestión del kirchnerismo, sino a décadas de cartelización de la obra pública.
No podemos creer que los empresarios denunciados hayan sido objeto de extorsión alguna.
— Pino Solanas (@fernandosolanas) August 14, 2018
El caso de Wagner es paradigmático. El expresidente de la Cámara de la Construcción se auto incriminó como el encargado de garantizar los supuestos retornos. “Mi función era garantizar que el señor que ganaba la licitación les pagara”, dijo ante el juez federal.
Se debe investigar a Calcaterra y la venta de IECSA. Son bien conocidos los mecanismos societarios que usan habitualmente ciertos empresarios, para ocultar ganancias, fugar capitales, y obtener beneficios indebidos a través de la cartelización de obras contratadas con el Estado.
— Pino Solanas (@fernandosolanas) August 14, 2018
