Tras quedar paralizadas las políticas de preservación de los 53 ex centros clandestinos de detención que funcionan como espacios de la memoria en la provincia, comenzará a tratarse en comisiones de la Cámara baja una iniciativa que apunta a asegurar el mantenimiento y desarrollo de los lugares.
El proyecto presentado en el año 2016, que volvió a tomar estado parlamentario en la última sesión de Diputados, tiene como objetivo “garantizar el funcionamiento de los Espacios para la Memoria y la promoción de los derechos humanos, dotando a los mismos de recursos económicos, técnicos y humanos para su gestión”.
En este sentido, el texto impulsado por el legislador de Unidad Ciudadana Miguel Funes pretende fomentar la participación ciudadana “como pilares del sistema democrático, realizando la más amplia convocatoria a los sobrevivientes, familiares de las víctimas, organizaciones sociales y a las Mesas por la Memoria”.
“También se propiciará la participación de universidades nacionales y otras instituciones educativas para cooperar en el estudio y la investigación sistemática de los hechos históricos acontecidos durante el terrorismo de Estado”, se indica en el artículo 4º de la iniciativa.
Durante la dictadura funcionaron en territorio bonaerense más de 200 ex centros clandestinos de detención que fueron registrados por el testimonio de las víctimas del Terrorismo de Estado. Habiendo sido identificados medio centenar hasta la llegada de Cambiemos al Gobierno.
