La denuncia que sorpresivamente presentó este martes al medio día el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Manuel Mosca por presuntas “extorsiones” vinculados a un caso de abuso sexual generó un terremoto político en la Legislatura bonaerense.
Si bien la acusación que pesa sobre el esposo de la senadora nacional Gladys González data de diciembre y se encontraba custodiada bajo siete llaves para afuera, al interior del PRO ya había desatado tempestades. Sucede que, la denunciante contaría con el aval de altos funcionarios de Cambiemos.
Según trascendió, la presentación realizada el sábado pasado ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, habría llegado hace unas semanas a los oídos de Laura Alonso, quien compartió la historia con una veintena de dirigentes de Cambiemos que integran un grupo de Whatsapp.
Entre los destinatarios de esa información por demás sensible estaban el secretario de Cultura Pablo Avelluto, el asesor presidencial Alejandro Rozitchner, el secretario de Ambiente Sergio Bergman, la diputada Silvia Lospenatto y el dirigente de la juventud PRO Pedro “Peter” Robledo.
La denunciante, una militante del espacio oficialista oriunda del interior bonaerense, la semana pasada se reunió con los dirigentes nacionales del oficialismo, relató el episodio que motivó su denuncia y sugirió que habría por lo menos otras seis víctimas
Al término de ese encuentro, según publicó la Revista Noticias, los funcionarios resolvieron poner en conocimiento sobre el hecho a María Eugenia Vidal, que finalmente recibió a la denunciante este lunes. Esa reunión y la denuncia del sábado, precipitaron el pedido de licencia del legislador de Bolivar.
Justamente fue después de ese encuentro que Mosca realizó una denuncia por extorsión y pidió licencia por 60 días a su cargo como presidente de la Cámara baja. Su apartamiento había sido sugerido por la Gobernadora en conversaciones con su principal espada legislativa.
Esta decisión responde a una actitud que Vidal viene manteniendo con los integrantes de su equipo involucrados en causas judiciales, a quienes aparta del cargo hasta que se resuelva la situación. Lo mismo había hecho con la ex contadora de la Provincia María Fernanda Inza ante el escándalo de los aportantes.
En tanto, para Mosca todo se trata de una maniobra para extorsionarlo. Por eso, el vidalista ayer presentó ante la UFI N°11, que conduce Álvaro Garganta, unos 50 nombres de políticos y periodistas, quienes le revelaron que fueron contactados “para participar de una denuncia contra él”.
Según afirmaron desde su entorno, Mosca también habría aportado como pruebas audios, correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp que sustentarían el contenido de su contradenuncia. Su pedido de desafuero se tratará el próximo 9 de abril en Diputados.
