jueves, marzo 28, 2024

Contra la impunidad: denuncian lobby militar en la suspensión de juicios por tortura en Malvinas

Ex Combatientes acusan que existen sectores que incidieron en la resolución de la jueza Mariel Borruto que frenó las indagatorias por “falta de personal”.

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Tras la suspensión de los juicios por torturas en Malvinas, el secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de La Plata, Ernesto Alonso, acusó a la jueza federal, Mariel Borruto, de ceder a “presiones del lobby militar”.

Las indagatorias a los 18 ex militares debían realizarse entre el 27 de junio y el 4 de julio por disposición del juez de Ushuaia Federico Calvete, antes de que la Dr. Borruto asumiera sus funciones, pero fueron frenadas sin fecha por “falta de personal y de espacio”.

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El lobby militar está detrás de esto, durante años dijeron que eran mentiras, que se ofreció dinero a las víctimas, pero por suerte en 2015 logramos la desclasificación de los archivos secretos de Malvinas”, expresó el funcionario.

En este sentido, los veteranos se vieron sorprendidos cuando el viernes fueron notificados de la resolución. “Teníamos una comunicación fluída con el juzgado y no entendemos cuál fue el cambio de una día para otro”, apuntaron.

Logramos que a fines del año pasado se llamara a indagatoria y teníamos las mejores expectativas, pero se desvaneció; con esta resolución la jueza está diciendo que no puede brindar el servicio de justicia”, expresó el ex combatiente.

Cabe recordar que la causa fue iniciada hace doce años sobre los hechos ocurridos en 1982, durante la guerra de Malvinas, donde se llevaron a cabo prácticas de tortura a los soldados de parte de sus superiores.

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Ante los hechos, los equipos jurídicos del Centro de Excombatientes de La Plata trabajan con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y con la comisión provincial, para resolver el accionar a seguir tras la resolución que consideran inadmisible.

Asimismo, los excombatientes ratificaron su lucha por justicia y manifestaron que “estas dilaciones consolidan la impunidad, no se puede esperar más, dos de los llamados a indagatoria han fallecido sin haber declarado ¿Cuánto tiempo más va a pasar?”.

La decisión tomada por la jueza nos pone como moneda de cambio, porque hasta que no le den más personal y mejores condiciones edilicias, no va a tomar las indagatorias, y esto es inadmisible”, explicó Alonso.

Por último, el secretario de Derechos Humanos denunció el amedrentamiento a los testigos y a las organizaciones de derechos humanos involucradas con la causa, de parte sectores que no quieren que avance el juicio.

 

La causa

 

La causa originada hace más de una década acumula 120 denuncias y hay 95 imputados. Entre los tormentos denunciados figuran estaqueos, entierros hasta el cuello, inmersión de soldados desnudos en agua helada, picana, golpes y abusos sexuales.

El expediente original es el 1777/07 “Pierre Pedro Valentín s/ Delito de acción pública” suma decenas de testimonios y pruebas que permiten corroborar la existencia de torturas en las islas durante la guerra de 1982 por parte de los oficiales a sus soldados.

Los acusados son: Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.

Además, el juez Calvete dispuso que también deberán prestar declaración indagatoria otros seis militares, pero aun no contaban con una fecha definida para que concurran al juzgado. Ellos son Omar Edgardo Parada, Emilio Daniel Terán, Jorge Aníbal Santiago Dadelago, Jorge Luis López, Horacio Francisco Vleck y Jorge Raúl Masiriz.

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