El Ministerio de Seguridad informó que en los próximos dos meses empezaría a aplicar la ley 14.897 aprobada por la Legislatura, que obliga a las empresas de colectivos a instalar cámaras de seguridad en sus unidades.
“La Provincia se hizo cargo de una deuda que tenía con los bonaerenses”, sostuvo el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, y agregó: “Las cámaras son un paso más para cuidar a quienes viajan en transporte público”.
“Paulatinamente se irán sumando ómnibus de distintas empresas del sector y se prevé que en los próximos dos meses, un total de 1.200 unidades cuenten con cámaras de seguridad y un dispositivo antipánico”, explicó.
El autor de la norma fue diputado y presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, Martín Dominguez Yelpo, que además se encargó de articular las reuniones con la UTA.
Con el fin de prevenir delitos, la ley fue sancionada por la Legislatura bonaerense en 2016 y luego fue reglamentada por María Eugenia Vidal en abril de 2018, sin embargo nunca se aplicó.
Sucede que, en estos últimos cuatro años, los ataques a choferes de colectivos fueron constantes y ese motivo alentó a los conductores a reclamarle a Ritondo la implementación de la norma que él mismo pidió y prometió.
La primera mención del funcionario de Vidal fue a mediados del 2017, tras el asesinato de un chofer de la línea 514 de Claypole, donde se reunió una nutrida protesta en las inmediaciones del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Pese a esto, un año después el caso de Leandro Alcaraz, un colectivero de la línea 620 de La Matanza asesinado, volvió a poner en el centro de la escena al titular de la cartera de Seguridad por incumplir su promesa.
Finalmente después de una seguidilla de episodios violentos la Provincia formalizó la ley. En esa oportunidad, el ministro fue más allá y prometió botones antipánico en todos los micros.
“A partir de los próximos 90 días los colectivos que trabajen de noche tendrán todos cámaras y en los 180 días, el total de las nueve mil unidades”, afirmó Ritondo en aquella oportunidad.
Si bien en un principio manifestó que no tendría “costo alguno”, luego admitió públicamente ante los medios de comunicación que “el problema para efectivizar la norma 14.897 es el financiamiento”.
Es decir que el funcionario que lanzó su candidatura para ocupar una banca como diputado nacional, se mostró incompetente ante la resistencia de las empresas a invertir fondos para cuidar a los trabajadores.
El inicio del 2019 tampoco puso paños fríos a la situación ya que en febrero se produjo el ataque a un chofer de “Los Constituyentes” de San Martín, que reavivó el reclamo y los pedidos de informes de diputados kirchneristas.
El texto firmado por más de una decena de legisladores, reclamaba a los ministerios de Seguridad e Infraestructura, conducido por Roberto Gigante, que expliquen los motivos del “incumplimiento de la norma”.
Además, la iniciativa exige que se informen “en caso de existir” sobre las intimaciones “fehacientes a las empresas obligadas por la presente legislación, para la recaudación de sus unidades”.
Retomando el comunicado que publicó el Ministerio de Seguridad, asegura que “por el momento fueron instaladas cámaras en 100 unidades, seleccionadas entre las líneas más conflictivas”.
“Se trata de poner una vez más la tecnología al servicio de la seguridad de los bonaerenses, para que el viaje en colectivo deje de ser un problema y que los choferes se sientan más seguros”, agrega el texto.
Sin embargo, tras casi tres años de promesas incumplidas por parte del Gobierno provincial y con Ritondo lanzado como primer candidato a diputado por la provincia, habrá que esperar para saber si finalmente se cumple la ley.
