Luego de la media sanción obtenida en Diputados hace una semana, el Senado de la Nación aprobó este miércoles la Ley de Emergencia Alimentaria para combatir el hambre que se vive en todo el territorio por el empeoramiento de la crisis económica.
En este sentido, el cuerpo presidido por Gabriela Michetti siguió el estilo de tratamiento de la Cámara Baja y durante poco más de tres horas expusieron oradores entre los que se destacaron Esteban Bullrich, Julio Cobos, Pino Solanas y Adolfo Rodríguez Sáa.
"Esta ley tiene sus límites y se vota sin la debida discusión porque hay urgencia. El hambre no espera. El proceso de despidos y endeudamiento fue constante en estos años", dijo el senador por la CABA Pino Solanas.
La votación arrojó un resultado de 61 votos positivos, y ninguna abstención ni rechazo a la norma. De esta manera, quedó claro el acuerdo de los espacios políticos para atender los reclamos de los distintos movimientos sociales, la Iglesia y los sindicatos.
“Estamos prorrogando una política del 2002 porque la política aplicada fue mala. Comparto que tenemos que afrontar la pobreza, la producción, la economía familiar y la industrialización", expresó el puntano Adolfo Rodríguez Sáa.
El objetivo de la ley, que fue aprobada por unanimidad, es garantizar la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad a través de la reasignación de fondos.
Asimismo, el proyecto “unificado” establece un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.
Por su parte, el cordobés José Mayans declaró no estar de acuerdo con “la forma en que estamos trabajando el proyecto”. “La distribución no es equitativa entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país", advirtió.
Cabe recordar, que en la sesión especial de la Cámara de Diputados, que había sido pedida desde la oposición y habilitada por el macrismo, la votación fue de 222 votos positivos, ninguno negativo y una única abstención.
Otro de los puntos fuertes de la norma, es que el jefe de Gabinete estará facultado para “actualizar trimestralmente los montos, tomando como referencias el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que elabora el INDEC”.
El articulado, que se consensuó en base a más de diez propuestas, plantea la prórroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002, la extensión de la Emergencia Alimentaria hasta 2022 e impulsa la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.
Cabe destacar, que distintas agrupaciones se movilizaron frente al Congreso bajo la consigna “El hambre no espera”, entre las que estaban Barrios de Pie-Somos, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep).
