La violencia y discriminación hacia las mujeres y colectivos disidentes es un flagelo que marca a todas las sociedades, ya que históricamente se ha considerado a este grupo como una segunda categoría en la ciudadanía.
Sus orígenes son múltiples y se traduce en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres. Se trata, sin dudas, de un problema social presente en todos los ámbitos y estratos sociales ya que la violencia de género no discrimina entre clases.
Que el 25 de noviembre haya sido establecido como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres responde al triple femicidio de las hermanas Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal en República Dominicana en el año 1960.
Las tres formaban parte del movimiento guerrillero de izquierda Agrupación política 14 de Junio, o bien conocido como 14J, y luchaban contra el régimen del dictador Rafael Trujillo Molina, responsable del triple crimen. Las Mirabal, que se ganaron el apodo de “mariposas”, fueron torturadas y violadas por los militares antes de ser asesinadas.
Desde su muerte, República Dominicana repudió esta masacre y su lucha constante termino con la Dictadura un año más tarde. La única sobreviviente de las hermanas, que no tenía participación política, se encargó de que sus memorias fueran recordadas haciendo su lugar de muerte un museo.
El flagelo de la violencia de género se cobró 290 vidas entre el 1° de enero y el 20 de noviembre de este año de los cuales 103 tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires, según los datos del Observatorio Ahora que sí nos ven. Entre estos datos, se destaca que en los primeros días del mes hubo 15 femicidios.
El combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión política, solo con la ejecución de políticas públicas y un presupuesto acorde a las necesidades de los grupos violentados se puede llegar a una merma en los crímenes por razones de género.
Además, cabe marcar la importancia de las campañas de prevención y de advertencia sobre noviazgos violentos por parte del Estado, ya que el 70% de los agresores son la propia pareja o ex pareja de la víctima, mientras el 11% corresponde a conocidos y familiares.
