Una inspección sorpresiva de la Comisión por la Memoria (CPM) terminó con la intervención de la Comisaría tercera de La Tablada, partido de La Matanza, por constatar una serie de casos de aislamiento extremo, abusos sexuales y prácticas de tortura reiteradas a reclusas.
Ante esta situación el organismo bonaerense interpuso un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de garantías 2 de La Matanza, que ordenó la inmediata clausura de los calabozos, después de constatar las condiciones del lugar y los episodios relatados por las detenidas.
Además, se realizó la denuncia penal ante la ayudantía de delitos de gravedad institucional de La Matanza, ante la Auditoria General de Asuntos Internos, y ante el Defensor de Casación de la Provincia, Mario Coriolano, quien solicitó la intervención del lugar.
En paralelo, en una reunión que mantuvo la CPM, el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, constató que la comisaría de La Matanza fue intervenida y se avanza con la posible sanción de los responsables implicados en el grave caso.
El ministro bonaerense también acordó en la necesidad de crear un protocolo de intervención policial sobre las mujeres detenidas, con perspectiva de género y derechos humanos para lo cual solicitó colaboración.
“Las mujeres detenidas denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes policiales. A los dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres, en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas y se suman el aislamiento extremo”, explicaron desde la CPM.
Por esta situación también se realizó una presentación al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia solicitando su intervención para garantizarlas. Asimismo se notificó de los hechos y lo actuado al Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
Según informaron las requisas vejatorias, que constituyen abuso sexual, “fueron provocadas por agentes policiales mujeres y varones del grupo especial GAD que en gran número presenciaban los actos aberrantes golpeando, amenazando, insultando y burlándose mediante frases estigmatizantes, racistas y prejuiciosas”.
Según el relato de las víctimas, los agravamientos se agudizaron desde la asunción del subcomisario Leonel Gómez, hasta llegar a los abusos sexuales perpetrados el 19 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020. Durante el primer hecho se alojaban 14 detenidas en el lugar y durante el segundo 15.
De acuerdo consignó el organismo, además “se les prohibió todo tipo de acceso a medios de comunicación: televisión, radio e incluso relojes, por lo que estaban desorientadas y trataban de calcular el momento del día según la luz del sol y solamente se podían comunicar con sus familiares y amigos a través de cartas”.
Asimismo, las detenidas recibían una mínima ración de comida al día y no se les permitía tener conservadoras ni calentadores para la comida que le acercaban sus familiares, cuando les llegaba; en el lugar no tenían agua fría ni siquiera para consumir o hidratarse frente a las fuertes temperaturas de las celdas.
Tampoco contaban con acceso a la ducha y cuando podían higienizarse debían hacerlo frente a personal masculino, que estaba siempre presente. Al mismo tiempo, permanecían alojadas en la oscuridad y al ser aisladas durante varios días, debían orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon.
En sintonía, no tenían asistencia médica ni traslados al hospital aunque lo requirieran, y al menos ocho mujeres padecían patologías sin atención, algunas de ellas graves. La Comisaria tercera está incluida en las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las graves condiciones.
“Ahora la justicia debe avanzar investigando y condenando penalmente tanto a los responsables de la dependencia policial como a todos aquellos agentes que cometieron estos delitos. Estos actos deben ser investigados con la debida celeridad, diligencia y perspectiva de género que la situación amerita”, remarcaron desde la CPM.
