La senadora provincial del Frente de Todos Agustina Propato presentó un proyecto para que las empresas que despidan trabajadores durante la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19) no sean admitidas en el Registro de Licitadores de Obra Pública de la Provincia de Buenos Aires.
En concreto, propone modificar el artículo 15° de la vetusta Ley 6.021, de Obra Pública. “No serán admitidas en el Registro de Licitadores las personas físicas o jurídicas, que en el marco de una emergencia dispuesta por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial o sancionada legislativamente, realizaran conductas tendientes a generar la suspensión o extinción de relaciones laborales”, plantea la redacción de Propato.
Es para aquellas firmas que lo hagan “sin justa causa, por falta o disminución de trabajo y/o invocando fuerza mayor”. Sin embargo, la iniciativa de la senadora viene con yapa dado que prevé que la sanción rija también para el paquete de Emergencias sancionadas en diciembre a pedido de Axel Kicillof.
Estas son la social, económica, energética y productiva -que tienen chace de extenderse por otro año más previo visto bueno de la Legislatura- más las de Infraestructura, Seguridad y Administrativa que venían del mandato de María Eugenia Vidal y se prorrogaron.
“La situación excepcional que estamos atravesando conlleva la necesidad de adoptar medidas que aseguren a los trabajadores que no perderán sus puestos de trabajo”, remarcó Propato y añadió: “Es de público conocimiento que empresas importantes realizaron despidos unilaterales, infundados o por razones meramente especulativas”.
Justamente, el contexto político del proyecto presentado por la senadora de la Segunda es la pulseada entre el presidente Alberto Fernández y el titular de Techint Paolo Rocca que en las últimas horas ratificó el despido de 1.500 operarios pese a las críticas del Gobierno Nacional.
Ese contrapunto, en el que el Presidente tildó de “miserables” a ciertos empresarios, derivó en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 329/20, que prohíbe los despidos y las suspensiones por el plazo de sesenta días y le da un marco jurídico a la decisión del Ejecutivo.
“En el caso más conocido que es el de la empresa Techint, que además, conlleva con su conducta la posición de cargar sobre los hombros de los trabajadores más débiles las consecuencias inmediatas de esta crisis generalizada dejando en el más absoluto desamparo a miles de familias”, sostuvo la legisladora.
Propato también puso de relieve las medidas de Fernández “para ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia” como “la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios”.
