La diputada provincial del Frente de Todos Susana González salió al cruce del Procurador bonaerense Julio Conte Grand en medio de los motines en las cárceles que ya dejaron un muerto en la Unidad 23 de Florencia Varela y la huelga de hambre a la que están sometidos un millar de presos bonaerenses.
La legisladora que integra la mesa interinstitucional de diálogo por la superpoblación carcelaria creada por el ministro de Justicia provincial Julio Alak fue lapidaria con el jefe de los fiscales: lo acusó de “poner palos en la rueda”, de “apretar a los fiscales” y de ser “el máximo responsable de llenar los penales”.
En este sentido, en las últimas semanas se filtró un audio donde Conte Gran ante defensores y fiscales generales trató de “desvíos” a los arrestos domiciliarios y trata de “misieras humanas” a los magistrados que lo piden, contrariamente a lo reclamado por la Corte bonaerense, el Tribunal de Casación e incluso por él mismo.
“Tiene doble cara porque por un lado en la mesa dice que va a colaborar y por el otro lado en privado amenaza a fiscales y defensores para que no cumplan con el pedido de la Corte Suprema cuando él fue el máximo responsable de este régimen de criminalización”, expresó a Diputados Bonaerenses.
En el caso del Máximo Tribunal en diciembre instruyó a los jueces penales provinciales a otorgar morigeraciones para descomprimir el hacinamiento en cárceles, que es de 100% con 45 mil detenidos y plazas para 23.400. Nótese que fue antes que llegara el coronavirus, que terminó de convertir a los penales en una verdadera olla a presión.
Por su parte, el juez de Casación bonaerense Víctor Violini hizo lugar parcialmente a un amparo colectivo presentado por defensores generales para que las personas privadas de su libertad formen parte de los grupos de riesgo y se les otorgue la prisión domiciliaria. Esa resolución fue objetada a través de un recurso que presentó el fiscal Carlos Altuve, que los defensores oficiales pidieron declarar indamisible.
Dentro del universo entrarían quienes tienen más de 65 años o están enfermos, las mujeres con hijos chicos, las embarazadas, los presos que ya cumplieron gran parte de la condena o tenían salidas transitorias; en todos los casos con condenas por delitos menores. Serían unos 2.300, según un primer listado que aportó el Ministerio de Justicia de la provincia.
“Quedamos en trabajar cada paso en particular y analizar quienes iban tener morigeraciones o excarcelaciones, pero no como una garantía de impunidad sino como un remedio urgente para paliar el hacinamiento en el sistema penitenciario”, sostuvo González.
En paralelo, la legisladora explicó que “se estaba verificando delito por delito el cumplimiento parcial de la condena y evaluando caso por caso porque el riesgo de que el coronavirus penetre en esas condiciones de hacinamiento es gravísimo y agrava el cuadro que se vivía antes de la pandemia”.
“Cumplir con la sociedad con cumplir por el delito que cometieron no es querer que se mueran y el aislamiento sea atroz, porque si no el Estado se convertiría en terrorista sino concede situaciones de dignidad en las cárceles. Una vez que nos ponemos de acuerdo esto no se cumple. Parece que Conte Grand está juntando las hojas del otoño esperando que una chispa caiga”, señaló.
“Está poniendo palos en la rueda a los fiscales y defensores para que sigan interponiendo recursos legales que hacen que en esta gravedad de esta emergencia se retrasen todas las medidas que tome la justicia. Lo hace en un tono amenazador como promotor, de causas, carpetazos y aprietes durante el gobierno de Cambiemos”, cerró.
En cuanto a los motines en las cárceles, González dijo que “se lee miedo por el coronavirus aunque también hay planteos canallescos, nadie está promoviendo garantías de impunidad, al contrario se está pensado desde una perspectiva humanitaria porque se tratan de personas de riesgo encarceladas por delitos leves”. “No estamos hablando de asesinos, violadores y femicidas”, aclaró.
