Los legisladores provinciales de Juntos por el Cambio salieron a objetar la liberación de presos que forman parte de los grupos de riesgo ante el avance de la pandemia de coronavirus (Covid-19) y la posibilidad de que el virus penetre en los penales que tienen una superpoblación del 100%.
Las criticas se dan luego de una semana en donde se registraron dos motines en cárceles de la provincia (en la N°10 de Moreno y la 23 de Florencio Varela en donde hubo un muerto) y uno en Villa Devoto, y tras la huelga de hambre que llevaron adelante más de 1.000 reclusos bonaerenses.
La más dura de todas fue la diputada Carolina Píparo quien en 2010 fue víctima de una brutal salidera bancaria que terminó con la vida de su hijo y que hace algunas semanas recibió una amenaza por parte del asesino a partir de la decisión de que los reos tengan celulares en sus celdas por la pandemia.
“El coronavirus es la excusa, la ideología es el motor para liberar presos y sumarnos inseguridad durante el aislamiento. Acaban de firmar el Pacto Devoto con delincuentes. Que fijación la de los Fernández con los pactos de impunidad”, sostuvo la legisladora platense.
El coronavirus es la excusa, la ideología es el motor para liberar presos y sumarnos inseguridad durante el aislamiento.
Acaban de firmar el “Pacto Devoto” con delincuentes dice @WolffWaldo ahora con @majulluis
Que fijación la de los Fernández con los pactos de impunidad…— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) April 27, 2020
El pacto al que hace referencia Píparo es el acuerdo al que el Servicio Penitenciario Federal llegó el viernes con los presos de la cárcel de Villa Devoto, el único penal de la Ciudad de Buenos Aires, después de nueve horas de extrema tensión y motines.
“Sabemos que existe sobrepoblación carcelaria, que los presos tienen DD.HH. y que existe riesgo de contagio masivo, pero no olvidemos a las víctimas y sus familias. ¿Son delitos menores? ¿Tendrán seguimiento? ¿Serán evaluados sanitariamente?”, se preguntó la diputada Alejandra Lordén.
En tanto, el senador Walter Lanaro y la diputada Gabriela Besana pusieron de ejemplo el caso de un violador de Burzaco que pese a haber cumplido sólo 7 meses de los 8 años de condena fue liberado y ahora vive a unos pocos kilómetros de la casa de la víctima.
No podemos mirar para otro lado, la justicia tiene que revisar el fallo y devolver algo de tranquilidad a la víctima y a su familia https://t.co/C27C9boHJg
— Gabriela Besana (@gaby_besana) April 26, 2020
“No hay justificación para que una víctima vuelva a vivir con el miedo de saber que su violador está libre y en su barrio. No hay palabra que alcance para nombrar al que tomó esta decisión. El fallo se tiene que revisar urgente y tiene que volver a estar preso”, sostuvo Lanaro.
En tanto, los legisladores opositores también compartieron un comunicado de asociaciones y familiares de víctimas de delito que se mostraron “indignados” por la “liberación y búsqueda de impunidad” y sugirieron algunas presiones a la Justicia para caminar ese sendero.
“Los magistrados deben poder adoptar sus decisiones con independencia y sin injerencia de nadie. Cada decisión de libertad debe contar con la intervención de las víctimas sino sentimos que nos vuelven a matar a nuestros seres queridos otra vez”, señalaron.
Párrafo seguido, aclararon que “si el problema es el hacinamiento se pueden utilizar otros espacios disponibles” y añadieron que “los derechos humanos son de todos los argentinos, no sólo de los tenidos, porque no pueden ir en desmedro de los derechos de otros”.
Mientras tanto, tal como relató Diputados Bonaerenses, tanto la Corte Suprema bonaerense, como Casación Penal Bonaerense, recomendaron liberar a los presos que formen parte de los grupos de riesgo y hayan cumplido gran parte de su condena, siempre por delitos menores.
La misma recomendación realizó la Mesa Interinstitucional de Diálogo por la Superpoblación carcelaria creada por el ministro de Justicia provincial Julio Alak en diciembre del 2019, en donde se sientan los diferentes sectores que intervienen, entre ellos los legisladores.
En este sentido, como también publicó este portal, la visión del oficialismo es diametralmente opuesta y hasta acusan al procurador bonaerense elegido por María Eugenia Vidal, Julio Conte Grand, de ser responsable de la fuerte superpoblación carcelaria que se vive en los penales de la provincia.
“Quedamos en trabajar cada paso en particular y analizar quienes iban tener morigeraciones o excarcelaciones, pero no como una garantía de impunidad sino como un remedio urgente para paliar el hacinamiento en el sistema penitenciario”, sostuvo la diputada Susana González hace unos días a este medio.
“Cumplir con la sociedad con cumplir por el delito que cometieron no es querer que se mueran y el aislamiento sea atroz, porque si no el Estado se convertiría en terrorista. Una vez que nos ponemos de acuerdo esto no se cumple. Parece que Conte Grand está juntando las hojas del otoño esperando que una chispa caiga”, señaló la diputada.
