martes, abril 23, 2024

Piden revisar la fórmula con que se calcula la factura de luz de pymes durante la cuarentena

Un proyecto ingresado en la Cámara de Diputados de la provincia propone que las facturas no incluyan la totalidad del valor contrato sino el “gasto real”.

El presidente del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, presentó un proyecto para que las prestadoras de energía eléctrica les facturen a las empresas el costo de la electricidad efectivamente consumida y no el de la potencia contratada.

El autor de la iniciativa explicó que esto funciona de “manera análoga al paquete de telefonía celular, ya que se contrata un plan y consumís o no la totalidad de los segundos, aunque en la factura pagas la totalidad del valor contratado”.   

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“Acá ocurre lo mismo, las empresas tienen contratada una potencia, pero con la producción frenada por la pandemia el consumo es sensiblemente menor, por eso creo que es necesario ayudarlas y propiciar un ahorro económico muy importante”, afirmó Abad.

Para ello, le solicita al Poder Ejecutivo bonaerense que arbitre las medidas necesarias para gestionar ante las empresas prestadoras de dicho servicio que, por el plazo de 180 días, sólo perciban el valor de energía eléctrica consumido, cuando este sea menor a la potencia contratada.

De esa manera, el proyecto que lleva la firma del presidente del bloque opositor en la Cámara baja provincial, está destinado a (EDELAP, EDEA, EDEN, EDES, 199 cooperativas y la Usina de Tandil).

“Es imperioso que el Estado auxilie a esos sectores de la economía formal y una de las opciones es intentar bajar los costos fijos que operan sobre esas actividades, más todavía cuando se encuentran en un virtual estado de paralización industrial, productiva y/o comercial”, sostuvo el diputado.

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En los considerandos del proyecto, se sostiene que “lograr una proporcionalidad entre su uso efectivo y su facturación final aparece como una medida positiva para disminuir la carga económica, en medio del confinamiento”.

“La mayoría de los establecimientos consume efectivamente menos energía eléctrica que la que tiene contratada y ese menor consumo debe implicar una reducción proporcional del costo final del servicio”, señala el texto.

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