viernes, marzo 29, 2024

El consejo de familiares se reúne con Alak y Otermín en Diputados por la Ley de Víctimas

Los integrantes del flamante cuerpo llegarán a la Legislatura para empezar a delinear el trabajo conjunto que llevará adelante para tratar la norma por la que luchan desde hace más de una década las víctimas.

Este jueves, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, conformó el Consejo de familiares de víctimas, que funcionó de 2014 a 2016, siempre bajo la órbita del Ministerio de Justicia bonaerense, primero a cargo de Ricardo Casal y luego de Gustavo Ferrari, quien finalmente lo disuelve. La resolución la firmará la semana que viene.

Este grupo de familiares que integra el cuerpo trabaja desde febrero con el ministro Julio Alak en la creación de una Ley Provincial de Víctimas. En ese sentido, el lunes próximo, en horario a confirmar y con posibilidad de que se modifique la fecha, se reunirán con Alak y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, formalizar esa labor silenciosa.

- Publicidad -

En realidad los familiares de víctimas a mediados de 2015 ya tenía una ley redactada y sólo faltaba la firma del ex gobernador Daniel Scioli, que nunca se llegó a estampar sobre el papel por las elecciones de ese año, y luego, como se dijo, el Gobierno de María Eugenia Vidal decidió diluir el Concejo Asesor de Víctimas.

 

 

- Publicidad -

“Fue la presentación oficial que lanzó el ministro Alak del Consejo asesor de víctimas que en la gestión anterior se había disuelto; ya había uno y ahora lo volvimos a reflotar gracias al trabajo de los familiares, con quienes estamos armando un nuevo proyecto cuyo punto de partida es la nueva ley de asistencia a la víctima”, señaló a Diputados Bonaerenses Leónidas Mateu, uno de los miembros, a Diputados Bonaerenses.

Mateu, oriundo del Partido de La Costa, es el padre de Mara Mateu, una joven que fue abusada y asesinada en Santa Teresita el 24 de marzo de 2008, cuando comenzó su lucha en contra de la violencia de género y los femicidios.

En tanto, el nuevo presidente del Consejo es Roberto Almeida oriundo de Vicente López y también está integrado por María Ester Radiminsky de Lanús, Emmanuel Terrón de Avellaneda y Mateu, entre otros tantos familiares de víctimas que vienen colaborando.

 

 

El Concejo va a tener una mirada para unificar criterios de todas las víctimas que son muy amplios y la idea es tratar todas las iniciativas, críticas y propuestas. Nunca el ministro nos preguntó de qué partido éramos y la verdad es que estamos trabajando muy bien. Para mí es una gran responsabilidad”, explicó Almeida a Diputados Bonaerenses.

El titular del flamante Concejo es el esposo de Ana María Domínguez (35), asesinada con una picana eléctrica el 10 de abril del 2000 en presencia de su hija que en ese momento tenía 7 meses. El crimen fue instigado por su ex pareja José Nicolás Chain, un ex forense de la Policía Bonaerense.

En tanto, hasta hace unos días, la discusión en los pasillos de la Cámara de Diputados de la provincia pasaba por la presentación del proyecto de la diputada de Juntos por el Cambio y familiar de víctima, Carolina Píparo, que junto a otro grupo impulsaron la adecuación a la Ley Nacional 27.372.

Sin embargo, como anticipó este medio, cuando parecía que el texto de la legisladora cambiemita iba a ingresar a la segunda sesión mixta que llevó adelante la Cámara baja bonaerense el oficialismo decidió dar marcha atrás a los reclamos de la oposición para ampliar el debate de la norma.

 

 

Por esas horas, incluso desde ambos campamentos políticos habían intercambiado opiniones acerca del proyecto de Píparo y daban por descontado su tratamiento. “La voluntad de tratar mi proyecto para adecuar la Ley de Víctimas en la provincia se hizo humo”, objetó la diputada.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, el retroceso estuvo relacionado con un fuerte “malestar” de Alak por el camino que habían seguido las negociaciones sin su intervención y más teniendo en cuenta el trabajo que venía llevando adelante con las víctimas desde principios de año.

Sobre este punto Almeida fue tajante al remarcar que “estuvieron cuatro años para tratar una Ley de Víctimas y no lo hicieron y ahora se desesperan en tratarla en 48 horas. Me parece que evidencia una movida política porque se vendió un relato de que se ocupaban de las víctimas y no avanzaron”. “Lo dijo sin ninguna animosidad política”, aclaró.

El presidente el nuevo Concejo dijo que “no queremos una ley que no se puede aplicar, ni que los diputados a la carrera a ver quién la presenta primero, le pedimos coherencia porque venimos desde hace mucho tiempo trabajando. “No hay que hacer politiquería barata con la Ley de Víctimas”, lanzó.

 

 

En este contexto, la norma tiene sus particularidades. “La ley nacional es federal pero cada provincia no puede adecuarse a ella fácilmente porque cada una tiene su Código Procesal Penal y de Ejecución Penal, es engorroso, lleva tiempo y es inviable más allá de que los impulsores digan que es un error de tipeo y que es de orden público; la realidad es que hay que cambiar demasiado artículos. La idea de nuestra ley es que sea superadora, es sencilla y aplicable, no hay que cambiar otras leyes, porque si no la Legislatura termina haciendo leyes de leyes”, explicó Mateu.

Por su parte, Almeida señaló que “la ley es de orden público por lo que se podría haber aplicado pero sobre el final de sus párrafos invita a adherirse a las provincias y eso pone una traba porque significa que se adecuen los Código Procesarles y de Ejecuciones Penales”. “La provincia puede tener una ley propia”, se entusiasmó.

En ese sentido, los ciudadanos convocados al nuevo Consejo Asesor, plantearon la necesidad de contar con una ley que realmente sea beneficiosa para las víctimas de delitos, que sean escuchados y contemplados por los jueces antes de tomar ciertas decisiones.

“El lunes tenemos previsto charlar el proyecto en la Legislatura y dar inicio al proceso porque una ley no se puede aprobar en dos días, hay que debatirlo. Es una locura que hoy estén apurados en votar una ley que de acá a futuro va a seguir dando vueltas por todas las modificaciones hay que hacer, el que termina perjudicado es el familiar de víctima”, expresó.

 

 

El gran debate comenzó cuando, en el marco de la pandemia del coronavirus, algunos jueces aplicaron a la recomendación de la Corte Suprema y un discutido fallo de Casación Penal de otorgar beneficios procesales a presos bonaerenses que hayan cometido delitos “leves”. En este contexto, hubo algunas liberaciones de delincuentes peligrosos, lo que generó pedidos de jury y la indignación de las víctimas.

“Hay que tener en cuenta la peligrosidad, que esté controlado por el patronato de liberados, con el uso de las pulseras; las domiciliarias para delitos que no sean graves está contemplado dentro de los DDHH, incluso pasó en otros países del mundo. El preso puede solicitar lo que quiera, de ahí a que se lo otorguen es otra cosa. Pasó que algunos jueces firmaron cosas que no corresponden y ahí apuntaba nuestra queja: que no den domiciliarias a los presos con delitos graves”, detalló Mateu.

Así las cosas, el Consejo puso primera y ahora habrá dos proyectos que apuntan a considerar y dar respuestas a los familiares de víctimas de delitos en la provincia. “Este es el comienzo, vamos a convocar a más familiares de víctimas y escucharlos realmente, no queremos hacer un círculo cerrado o de pocos, esto va a ser algo importante para las familias de la Provincia”, concluyó Mateu.

Por su parte, Almeida si bien reconoció “diferencias” entre los distintos grupos de familiares porque “cada uno tiene su corazón político y su mirada”, dijo a Diputados Bonaerenses que se busca que todos se sienten en una misma mesa a construir. “Queremos tener una buena relación con todos y que se sumen a este trabajo”, cerró.

Más Leídas

Destacadas