Mauricio Macri vive días agitados luego del dudoso viaje relámpago a Paraguay y por el avance de las causas que investigan las escuchas ilegales a funcionarios, periodistas y sindicalistas, pero en este caso, el ex presidente pidió que la Justicia no perite sus teléfonos celulares en el expediente abierto por presiones al Grupo Indalo.
Esta solicitud se da después de que la jueza federal María Servini de Cubría ordene el 6 de julio una serie de medidas de prueba, entre las que se destacaba un amplio entrecruzamiento de llamados entre Macri, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli.
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De esa manera, lo que intenta establecer la magistrada es si había comunicaciones entre ellos en los días en los que los denunciantes afirmaron haber recibido presiones o en los que el Gobierno de Cambiemos dictó medidas que perjudicaron al buffete empresarial.
En simultáneo, el expresidente reclamó que su apelación tenga efectos "suspensivos" sobre las medidas dispuestas en la causa, en la que también interviene el fiscal Guillermo Marijuan, porque podría generar "perjuicios irreparables".
"Lo dispuesto carece de fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, racionalidad, dignidad humana y porque compromete la seguridad nacional por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta", sostuvo Macri.
? El "Pata" Medina denunció a Macri y Vidal en la CIDH por “persecución política”
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Por otro lado, el acusado también reclamó acceder a copias de todo el expediente y de la eventual documentación que se pudiera encontrar reservada y que se lo exima de tener que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py a ratificar presencialmente el escrito "por el estado de excepción" en el que se encuentra la Argentina debido al aislamiento social preventivo y obligatorio.
No obstante, a pesar de los reclamos del ex mandatario, Servini de Cubría detalló que esta medida se trata en diligencias que permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad y señaló que las reuniones y las comunicaciones denunciadas entre imputados fueron ratificadas a lo largo del expediente por diferentes personas.
Cabe recordar, que en primera instancia, la Jueza federal ordenó obtener los números telefónicos registrados a nombre de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner entre enero de 2016 y agosto de 2019.
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Bajo ese contexto y con la información requerida en su poder, la letrada consignó que se "deberá realizar un estudio temporal/espacial con el objeto de identificar el entramado de las comunicaciones de los abonados y sus interlocutores comunes, frecuentes y los que surjan de los informes" y entrecruzarlos además con los teléfonos de quienes habrían recibido llamados vinculados a la situación del Grupo Indalo.
Esta causa inició en el fuero comercial en base a hechos denunciados por Fabián De Sousa, miembro del grupo empresarial, en el expediente concursal de Oil Combustibles, donde relató presiones sobre él, su socio López y sus empresas por parte del gobierno de Macri y a través de la AFIP.
Según lo que declararon los damnificados, el objetivo de fondo era ahogar al Indalo, Oil y los medios de comunicación que componen al grupo, entrelazado con otro propósitos: encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que las empresas que conforman el buffete quede en manos de la “famiglia” y amigos macristas.
