El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel, por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una causa que investiga la renegociación de concesiones de peajes en el gobierno de Mauricio Macri.
En ese mismo sentido, en la misma resolución, el magistrado citó para el próximo viernes a declaración indagatoria al exministro de Transporte del macrismo Guillermo Dietrich y para el lunes al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
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Canicoba resolvió procesar a Saravia Frías y a Iguacel, quien también fue ministro de Energía en el macrismo, tras tomarles indagatoria la semana pasada y sin esperar a que concluya la ronda de imputados que deberán presentarse en la investigación.
No obstante, ambos funcionarios del ex presidente Macri habían sido citados la semana pasada a prestar declaración indagatoria por esa misma causa, pero ahora el magistrado puso como fecha límite este mismo viernes y se realizará de manera remota.
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Sin embargo, en esa primera oportunidad testificar sobre la causa de los peajes, tanto Iguacel como Saravia Frías se negaron a declarar ante el Juez y apuntaron contra él y recusaron al magistrado. Por ese motivo, Canicoba Corral no solo los procesó, sino que también los embargó por $500 millones.
En rigor, la causa se investiga presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas que estuvieron vinculadas al expresidente Macri.
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La investigación se inició a partir de una denuncia de los diputados nacionales Rodolfo Tahilade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau. Allí se investiga tres ejes fundamentales.
1- La prórroga de las concesiones por diez años más sin llamar a una nueva licitación, como establece la ley.
2- El pago a las empresas por parte del Estado de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas.
3- La venta de las acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A.
El entonces presidente se desprendió de los papeles a mediados de 2017. Las acciones fueron compradas por Natal un 400 por ciento más caras de lo que valían antes de la llegada de Macri a Casa Rosada y tras la sideral suba de tarifas autorizada por su gobierno.
Por otra parte, el rol de Nicolás Dujovne quedó en la mira de los investigadores porque se contrató a un consultor privado para que evaluara si los nuevos contratos de la Panamericana y el Acceso Oeste eran beneficiosos o no para el Estado, tarea que le correspondía al Ministerio de Hacienda.
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En su momento, Hacienda, entonces a cargo de Dujovne, no firmó el dictamen necesario que avalara los requisitos de los futuros contratos, tal como indica la ley. En su lugar, Vialidad Nacional, bajo la dirección de Iguacel, contrató a un consultor externo, quien elaboró un informe sobre la conveniencia o no para el Estado de las nuevas condiciones de concesión.
En tanto, el gobierno de Macri, a través de Dietrich, le reconoció una deuda de 499 millones de dólares a las concesionarias por supuestas inversiones no realizadas por el Estado. El argumento para acceder al pago de la exhorbitante cifra fue que de esa manera la controlante de las firmas, la española Abertis, levantaría una demanda contra la Argentina que había iniciado ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial.
