El gobierno de la provincia de Buenos Aires firmó un nuevo acuerdo con las empresas concesionarias eléctricas para congelar la tarifa por otros 180 días, lo que implica que se mantengan los mismos valores del pasado 1 de enero en principio hasta el 31 de diciembre de este año.
Antes de asumir como gobernador, Axel Kicillof había anunciado que daría marcha atrás con un aumento de tarifas del 25% que había firmado María Eugenia Vidal poco antes del fin de su mandato, medida que cumplió. Desde entonces, las tarifas no se tocaron.
El convenio fue rubricado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y el presidente del grupo DESA que concentra a las cuatro poderosas concesionarias eléctricas (Eden, Edes, Edea y Edelap), manejadas por el empresario cercano al macrismo Rogelio Pagano.
Esas cuatro distribuidoras tienen el monopolio de la distribución de energía eléctrica en la provincia a excepción del Conurbano donde opera Edenor y Edesur.
En tanto, Edea es la empresa con mayor cantidad de usuarios de las cuatro controladas por DESA. Opera desde el centro de la provincia hacia el este y lleva electricidad a 1.500.000 de bonaerenses, mientras Eden opera en el norte de la provincia y Edes en el sur.
Según el texto, se establece que el congelamiento de la tarifa que había caído el pasado 1 de julio se extiende por otros 180 días y que en ese tiempo se continuará revisando el cuadro de acuerdo a la Resolución Nº 20/2020 sobre los ingresos requeridos y reconocidos resultantes de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que incluye el cumplimiento de las inversiones comprometidas.
“Hasta ahora las empresas no cumplieron con las inversiones. Si tomamos los últimos 4 años, sólo en este último va a poder aducir que tenían la tarifa congelada, antes con la suba de las tarifas aprobadas no cumplieron y hay un déficit de obras de infraestructura”, detalló el Subsecretario de Energía de la provincia, Gastón Ghioni.
En esa línea, el funcionario argumentó que el congelamiento es producto de los efectos económicos de la pandemia de coronavirus ya que en este contexto adverso “es imposible” aumentar la tarifa.
“Lo hablamos con Pagano y dijo que lo entendía y que iba a acompañar”, dijo Ghioni sobre la reacción del grupo empresario.
Según el cronograma que había establecido la gestión de la exgobernadora Vidal en agosto había que aplicar otro aumento. “Tomando que durante el 2019 casi no hubo aumentos y que Vidal nos pasó para enero el aumento de del año pasado y que fue lo que congelamos, hoy la tarifa está 100% atrasada respecto de la de mediados de 2019″, admitió.
Pero este beneficio en los bolsillos de los usuarios está empezando a generar otro inconveniente que el subsecretario de la provincia ya comenzó a analizar, que es la forma en que las empresas y las cooperativas se financiaron todos estos meses.
“Las empresas se financiaron todo este tiempo incrementando su deuda con Cammesa. Compraban la energía pero no la pagaba. Aunque esto está empezando a regularizarse, la deuda acumulada es muy grande y creo que sin una solución en donde también participe la Nación va a ser difícil”, consideró Ghioni.
El acuerdo que firmó la provincia es con las cuatro grandes operadoras de Buenos Aires, pero en ese distrito hay muchas cooperativas que son las que prestan el servicio de luz fundamentalmente en el interior bonaerense. “A las cooperativas les avisamos y no van a aumentar. En general toman el cuadro tarifario que se acuerda con las grandes concesionarias”, detalló el subsecreatario.
En la circular se señala que se notifica a los distribuidores provinciales y municipales que para los consumos comprendidos a partir del 1º de julio de 2020, resultará de aplicación los cuadros tarifarios preexistentes.
La medida acompaña la decisión que se tomó en la Nación quién, a través del decreto 530 donde la Casa Rosada dispuso congelar las tarifas de luz y gas hasta fin de año.
En la misma medida se estableció que a los usuarios de los sectores más vulnerables como por ejemplo los beneficiarios de las asignaciones, pensiones, jubilados, monotributistas, no se les puede cortar los servicios de electricidad, gas, agua, telefonía, conexión de internet y televisión por cable con hasta seis facturas impagas.
Vale recordar que antes de suspender el primer aumento heredado, Kicillof marcó que “si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa, es un saqueo” y añadió que había empezado una negociación con “las empresas del sector para trabajar en un esquema que sea justo, sostenible, razonable. En el que la gente, las distribuidoras y los productores puedan pagar”.
