El día de hoy, los abogados de Cristina Castro, madre de Facundo Castro, el joven que se encuentra desaparecido desde hace 100 días, solicitaron nuevamente el apartamiento del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez por su “pésimo desempeño en la causa que, que ya bordea la actitud dolosa”.
Los representantes de la querella, Luciano Paretto y su colega Leandro Aparicio, pusieron en cuestión las 24 horas que se demoró el fiscal en autorizar los rastrillajes en la zona en donde, el pasado miércoles, se habían encontrado ropa semi enterrada y huesos en un lugar cercano a la localidad del sur bonaerense Mayor Buratovich. Finalmente, se descubrió que no eran del joven.
En el escrito presentado ante la justicia los abogados detallan: "Hemos intentado en las últimas 48 horas tomar conocimiento por medio de telefonía fija, llamadas a celular y mensajes de aplicación de whatsapp con miembros de la Fiscalía interviniente, solamente teniendo la posibilidad de ser atendidos en una sola oportunidad por el secretario interviniente".
Además, en la recusación expresan las sospechas que suscitan estos modos de accionar, infiriendo que no se trata de una simple “ignorancia operativa”, sino de una actitud maliciosa, ya que “desde la fiscalía parece evitar la comunicación y el trabajo en conjunto”.
En concreto, los letrados plantean que si bien este accionar, en un primer momento, hacía cuestionar el compromiso de la fiscalía en la causa “esos interrogantes se han disipado y no queda duda alguna de la lentitud, incapacidad, la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía, que ya bordea la actitud dolosa del Sr. Fiscal".
Como abordó Diputados Bonaerenses, ayer fueron invitados la ministra de seguridad Sabina Frederic y el secretario de Derechos Huamnos Horacio Pietragalla a un plenario de la comisión bicameral de la cámara de diputados, para exponer acerca de las políticas que llevan o planean llevar adelante en sus respectivas carteras sobre la violencia institucional.
En este sentido, la Ministra aclaró que esa cartera “no lleva adelante la investigación” por la desaparición del joven sino que “interviene como auxiliar de la justicia" con el aporte del trabajo de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, legisladores solicitaron que se investigue y se establezcan las “responsabilidades en el caso judicial caratulado como desaparición forzada” de personas. Destacando, además, que desde el gobierno nacional no se convalidan este tipo de prácticas, tomando distancia de las cuestionables políticas de seguridad del gobierno anterior.
