La controversial aplicación de pasajeros Uber, cuyo funcionamiento fue avalado por varios fallos judiciales pero es considerada ilegal por el Gobierno porteño, abrió ayer la convocatoria para sumar taxistas a su servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y ya cosechó duras críticas.
"Abrimos la inscripción a taxistas y sumaremos próximamente a su servicio de intermediación digital Uber Taxi, para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se trata de un nuevo producto que permitirá solicitar viajes en taxi a través de la aplicación”, promocionaron desde Uber.
Por medio de un comunicado, la compañía informó que para las inscripciones que podrán realizar choferes con cualquier licencia, es decir, tanto taxistas autónomos como empleados, y quienes se registren podrán recibir viajes a través de la aplicación, al tiempo que podrán prestar de forma independiente sus servicios de transporte.
Sin embargo, desde el Sindicato de Peones de Taxis (SPT), que conduce Jorge García, declararon el estado de "alerta y movilización" del gremio en rechazo de "la explotación y precarización laboral" de los trabajadores por parte de una empresa privada.
En este sentido, García, quien hace pocas semanas reemplazó al histórico Omar Viviani en la secretaría general del SPT, repudió "la pretensión de la ilegal firma Uber de inscribir a los taxistas como prestadores de su servicio". Además, se plegaron al reclamo desde la Asociación Taxistas de Capital (ATC).
En tanto, desde la empresa explicaron que la finalidad de esta nueva app es que los conductores puedan combinar los viajes de Uber, sin perder la posibilidad de conservar el modelo tradicional de levantar gente en la calle.
Respecto a los costos que tendrán los viajes, detallaron que se respetaran las tarifas establecidas según la regulación de cada distrito. Una vez finalizado el viaje el conductor deberá ingresar en la aplicación el valor a cobrar que indica el taxímetro.
La controversial app Uber Taxi comenzó, recientemente, a estar disponible en otras ciudades de Nuetra America, como Santiago (Chile) y San Pablo (Brasil), ambas ciudades se suman a los 22 países y ciudades como Atenas, Seúl, Montreal, Sídney, Madrid, Tokio y Praga, donde ya operaba la multinacional.
La compañía fundada en San Francisco, California, desembarcó en la Argentina en 2016 y tuvo desde sus comienzos una relación tensa con los sindicatos de taxistas de la ciudad de Buenos Aires, quienes la consideran ilegal y que amenaza sus puestos de trabajo.
El conflicto llegó, incluso, a la Justicia federal y porteña, y mientras desde el Gobierno de la Ciudad sostienen su ilegalidad por ser un "transporte de pasajeros sin habilitación", varios fallos judiciales fueron a favor de los choferes y su actividad. A pesar de esto, en estos cuatro años, los taxistas realizaron numerosas manifestaciones, incluso durante la pandemia, para pedir que la aplicación deje de funcionar.
En esta línea, desde la ATC, remarcaron que la actividad de Uber "está prohibida por decisión judicial" ya que "estos grupos de la economía extractiva no crean trabajo, solo lo precarizan y no aportan un solo centavo a la Nación".
En cuanto a la polémica, desde la secretaría de Transporte porteña destacaron que "Uber sigue siendo ilegal en la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito de la CABA el servicio de transporte de pasajeros tiene un régimen especial plasmado en el Código de Tránsito y Transporte,
Asimismo, plantearon que no es posible pasar por alto los puntos en los cuales convergen la administración y el transporte, sosteniendo la imperiosa necesidad de que el Estado intervenga y establezca las normas generales en los que se ejerce dicha actividad.
En esta misma línea, García, advirtió que desde el sindicato no solo condenan la intromisión de toda app ilegal, sino que también exigen al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que fije una posición y actúe conforme a ello.
Los taxistas reclaman la "no legalización" de Uber y Cabify en defensa de los puestos laborales del sector. En su momento, el pedido fue elevado al ministro de Transporte, Mario Meoni, quien había propuesto "una mesa de diálogo" para hallar soluciones "interjurisdiccionales" sobre la empresa.
