El 17 de agosto de 1993 era visto por última vez en la ciudad de La Plata el joven estudiante de periodismo Miguel Bru; 27 años después un cuerpo que apareció en un canal del sur bonaerense es estudiado por forenses para determinar si se trata de Facundo Astudillo Castro, desaparecido el 30 de abril de 2020 en Pedro Luro.
Lo que une estos casos es la implicancia de agentes de la Policía bonaerense en las desapariciones de La Plata y de Villarino, pero también de los casos de gatillo fácil en San Miguel del Monte, La Matanza y otros casos sin respuesta que involucran a los uniformados.
Con ese escenario, desde el regreso de la democracia a esta parte, hubo intentos de realizar cambios profundos hacia el interior del cuerpo policial pero todos se quedaron en el camino. Para el diputado provincial del Frente de Todos, Jorge D’Onofrio, la reforma en la formación debe atacarse de forma urgente.
“No hay dudas que tenemos que hacer un replanteo en la formación de las fuerzas, el caso de Facundo Astudillo Castro tiene que ver con las personas que han actuado en ese momento y esperemos que la Justicia pueda echar luz sobre lo que sucedió, no creo que sea un problema endémico como nos pasó desde el año 83, cuando hubo que democratizar las fuerzas de seguridad. La falta de control, de ser autogobierno, no tener una conducción clara de las fuerzas deriva en este tipo de circunstancias.”, señaló D’Onofrio a Diputados Bonaerenses.
El manejo de las fuerzas de seguridad en la Provincia fue tema de debate en una de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de este año. Allí, cuando los legisladores de todos los partidos se hicieron eco de la desaparición de Facundo, señalaron la importancia hacer foco en la nunca concretada reforma policial.
Hay un lema de las organizaciones sociales que militan en contra de la violencia institucional y denuncian casos de gatillo fácil que reza que “no es un policía, es la institución”. Entonces, pese al buen trabajo de muchos y muchas, el esquema de corrupción se lleva todo por delante.
“En el año 2014, Scioli firmó un decreto creando la policía local, que fue una extensión de la bonaerense y de 46.000 efectivos, pasó a 98.000 evidentemente sin formación, sin un proceso claro de selección y así tenemos la fuerza que tenemos. Hay que destacar los buenos cuadros, pero con las ganas de algunos no alcanza; hay que hacer una capacitación constante”, repasó el legislador, experto en materia de seguridad.
En ese orden, el legislador fue más allá y retomó la idea de conformación de un nuevo organismo que permita un trabajo en profundidad y dijo que “una deuda que tenemos, y que marca la Constitución provincial es la formación de la policía judicial. Si no tenemos un organismo capaz de investigar los hechos más graves, dejamos a los fiscales como meros tramitadores de acusaciones”.
Al interior de la Legislatura, desde la comisión de Seguridad y Asuntos penitenciarios que él comanda, hubo reuniones con el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, para poner sobre la mesa estas problemáticas y encararlas.
También hubo conversaciones con el responsable de la cartera de Seguridad provincial, Sergio Berni, uno de los funcionarios más pedidos al interior de la Cámara baja. Pero ahora, con la noticia de su contagio de Covid-19, esa reunión deberá esperar al menos un poco más.
“Hay medidas que se tienen que tomar en lo inmediato y, para tener la Policía que queremos, son medidas a mediano y largo plazo. No hay forma de sacar todo el cuerpo policial y cambiarlo, estudié casos del mundo donde policías corruptas fueron modificadas porque se plantearon reglas de juego diferentes”, resaltó D’onofrio.
En otro orden, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que las comisarías bonaerenses tienen la mayor sobrepoblación de los últimos 15 años, lo que representa un 357%. Así, dependencias que tienen menos de 1200 plazas, alojan a 5.480 detenidos.
Merlo, Morón, Ituzaingó y Hurlingham son los distritos donde se registró una superpoblación mayor, este hecho afecta de lleno en las condiciones sanitarias de las personas detenidas lo que deriva en contagios de enfermedades y también mayores situaciones de conflictos.
“Ya fue anunciada la construcción de nuevas unidades pero tenemos un largo camino a modificar en el Servicio Penitenciario. Tenemos unidades centenarias, las condiciones de detención son inhumanas pero además son de las más caras por el costo de mantenimiento y funcionamiento. También hay que rever la formación de los agentes y es vital abordar la situación de los internados para que no tengamos este 85% de reincidencia”, concluyó D’Onofrio.
