El Senado aprobó hoy, sin el apoyo de la oposición, el proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, en una extensa sesión especial que duró más de 10 horas.
La propuesta del Gobierno fue aprobada por 40 votos afirmativos del Frente de Todos y sus aliados contra 26 votos negativos de la bancada de Juntos por el Cambio que mantuvo sus cuestionamientos.
Como muestra de consenso el oficialismo decidió eliminar la alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones, que había despertado desconfianza.
En el final de la sesión, el oficialismo a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti, denunció amenazas a través de la red social twitter contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, crea un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias con la meta puesta en fortalecer el sistema de justicia.
Desde el Frente de Todos considera que se trata del "puntapié inicial" de una reforma que "debe ser más amplia". La discusión en el Senado fue seguida desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponían a la aprobación.
Desde el Frente de Todos se endilgó a los legisladores de Juntos por el Cambio de "oponerse por oponerse" y de no haber sumado ninguna propuesta de cambio en el tratamiento en comisiones.
El jefe de la bancada del FdT, José Mayans, aseguró que no cree "en las casualidades" respecto a la actitud de la oposición y que si hubo amenazas es porque el oficialismo "no hace lo que ellos dicen".
En sintonía con lo expresado esta semana por Fernández de Kirchner en el sentido de que el país "todavía se debe una verdadera reforma judicial", senadores peronistas ratificaron que la de hoy "es una primera ley".
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— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 28, 2020
La mayoría de los discursos de los senadores del Frente de Todos se orientaron a asegurar que la reforma busca "garantizar la independencia de los jueces" y apuntaron al gobierno de Mauricio Macri, por la “persecución judicial".
En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseveraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para "licuar" el poder de los tribunales de Comodoro Py.
El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que la reforma es "un intento de colonizar la justicia" con "un reparto de cargos" para "proteger a los autores de delitos de corrupción".
La esencia del proyecto busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad.
También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de un total de 94 cargos nuevos en juzgados, fiscalías y defensorías y de cámaras de apelaciones en siete provincias.
De esa manera, se habilitarán convocatorias en Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis), punto reclamado por los gobernadores.
