En medio del creciente reclamo de intendentes por la toma de terrenos en distritos de la provincia de Buenos Aires, el diputado de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de usurpaciones de propiedades privadas.
La iniciativa, que ingresará en las próximas horas en la Cámara baja, suspende todo tipo de protocolo de actuación y normativa vigente que genere dilaciones procesales y temporales en los procesos penales o civiles y comerciales que tengan como finalidad restituir bienes inmuebles afectados.
“Más allá de que sean sectores con vulnerabilidad social, cuanto más tiempo se demoren los desalojos más se consolida la situación de un delito. Por eso, desde el bloque buscamos de darle la mayor facultad posible a los jueces para que puedan accionar sin demora alguna”, explicó Lipovetzky.
Para esto, el texto propone suspender la vigencia de los arts. 232 de la ley 11.922 (CPP) y arts. 678 bis de la ley 7.425 (CPCC) que impone al Juez que interviene en causas de usurpaciones la obligación de oficiar previamente al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y demás órganos del poder ejecutivo.
“Ninguna legislación de emergencia, protocolo de actuación o decreto reglamentario que vele por el efectivo cumplimiento del derecho constitucional a acceder a una vivienda digna puede justificar la legitimación de la turbación o privación de un derecho de raigambre constitucional”, agrega en los fundamentos.
En rigor, según los datos recabados por la ONG Defendamos Buenos Aires, desde el inicio del aislamiento obligatorio, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus (Covid-19), se contabilizaron 4.010 usurpaciones en el Área Metropolitana (AMBA).
En ese sentido, la Organización No Gubernamental de la provincia expresó también que tan solo en la última semana hubo 200 nuevas tomas de terrenos e inmuebles ilegalmente, siendo la periferia de La Plata la zona mayormente afectada. Así, el promedio de intrusiones durante este lapso fue de 26 por día.
Para el legislador, “este tipo de conducta criminal, ha tenido un incremento exponencial en términos cuantitativos desde que se decreto la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y prohibición de circular dispuestas por el decreto nacional 297/2020”.
En la misma sintonía, otro proyecto presentado por el diputado busca modificar la ley de desalojos, sancionada a principio de año con el objetivo de “cuidar a quienes tomaron un crédito o son inquilinos”, y que con el paso del tiempo -según expresaron desde Juntos por el Cambio- se fue “desvirtuando”.
La propuesta, del legislador cambiemita consiste en detallar que la suspensión de desalojos debe regir "solo para las ejecuciones que hayan sido iniciadas antes de la entrada en vigencia de aquella norma".
"El espíritu de la ley 15.172 no fue impedir los desalojos de usurpaciones y tomas realizadas con posterioridad a su entrada en vigor y es una mala interpretación de quien aplica así, ya que lo que se busca impedir es que, durante la pandemia, las familias que habitaban en una vivienda objeto de un desalojo queden en situación de calle", dijo Lipovetzky.
La ley 15.172 suspende ejecuciones hipotecarias y desalojos en todo el territorio bonaerense hasta el 30 de septiembre de este año en casos de viviendas con destino familiar y en aquellos que contemplen "a un grupo de personas que puedan estar en situación de calle".
Según un relevamiento realizado por el bloque opositor, en las últimas semanas se han observados intentos o tomas efectivas en terrenos de La Plata, San Fernando, La Matanza, Partido de la Costa, Ezeiza, Moreno, Presidente Perón, Merlo y Marcos Paz.
Incluso, en las últimas horas los jefes Comunales manifestaron su preocupación usurpaciones en Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lobos, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio y San Vicente.
