El Tribunal en lo criminal N°6 de San Isidro hizo a un recurso de amparo colectivo presentado por el ala opositora de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense y ordenó “la inmediata reincorporación” de los 750 afiliados que fueron expulsados.
La Justicia también exigió que se subsane la “omisión” en que incurrió la resolución 1/2020 del 28 de agosto de 2020 de la mesa directiva del radicalismo provincial, al tiempo que pidió “suspender sus efectos” y ordenó la “inmediata reincorporación de los afiliados”.
“Evidentemente de derecho no entienden nada, habrán pasado por la puerta de la facultad. Sancionar sin el debido proceso, sin el derecho a defensa y cambiar la lógica del derecho argentino 10 días antes de la elección era de manual que se caía”, sostuvo una de las fuentes consultadas por Diputados Bonaerenses.
En concreto, se solicita que se dé marcha atrás con la decisión de expulsar a 750 boinas blancas que fueron postulantes o apoyaron armados por fuera de la estructura de Juntos por el Cambio en 2019, que empujó el saliente titular de la UCR bonaerense Daniel Salvador.
La decisión fuertemente cuestionada por la oposición que levanta la candidatura del intendente de San Isidro Gustavo Posse para competir con el oficialista Maximiliano Abad, se da en la antesala del cierre del padrón de las elecciones, previstas para el 11 de octubre.
La resolución se ampara en el artículo 10 de la Carta Orgánica del partido que justamente contempla la expulsión en casos de esas características. En el listado aparecen desde exintendentes, exlegisladores, y dirigentes del radicalismo vinculados con el ala opositora.
“Como si fuera una monarquía ponen tres firmas de una mesa directiva y dejan a 750 afiliados afuera a días de las elecciones. Quien que los golpeemos, ahí tienen el primer fallo judicial en contra”, añadieron desde cerca del intendente de San Isidro a este portal.
LA RESOLUCIÓN DE LA POLÉMICA
