El multidimensional y siempre complejo problema de la toma de terrenos, que en las últimas semanas volvió a copar la agenda al calor de la proliferación de focos en la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, motivó un abanico de posiciones políticas que fueron desde el llamado al diálogo, al más acérrimo punitivismo.
También volvió a ensanchar la grieta. Por caso, desde la oposición lanzaron una batería de cuestionamientos en los que llegaron a acusar al Gobernador Axel Kicillof de ser “cómplice” de las usurpaciones y desde el Frente de Todos hubo diferentes voces que salieron a recoger el guante.
Las declaraciones más ruidosas las protagonizó el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, al señalar que “hay gobiernos que se ocupan de ese problema con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo” y al remarcar que “en la provincia de Buenos Aires (las tomas) vienen del año pasado”.
En este sentido, desde el oficialismo si bien marcaron que las usurpaciones “están fuera de la ley” se inclinaron por darle por una “salida integral” al tema que se vincule con el lanzamiento de planes de vivienda, de acceso al suelo, y de urbanización de los barrios populares.
Para conocer qué se hizo en materia de vivienda en los últimos años en la provincia de Buenos Aires y cuál es el plan que tiene el Gobierno de Kicillof, Diputados Bonaerenses entrevistó mano a mano al Subsecretario de Obras públicas, Ernesto Selzer.
El subsecretario de Obras públicas, Ernesto Selzer.
El funcionario que tiene a cargo el Instituto de la Vivienda e integra la cartera que conduce Agustín Simone explicó, entre otras cosas, que la “herencia” de la administración de María Eugenia Vidal fueron 6.011 viviendas paralizadas en territorio bonaerense que por estas horas se buscar reactivar.
“Lo que encontramos fueron obras paralizadas y deudas. En viviendas había una deuda $550 millones, sin actualizar por inflación, y contratos convenios no pagados por $6.800 millones”, explicó Selzer a este portal.
Al ser consultado por los motivos que llevaron al Gobierno de Vidal a abandonar las viviendas, el Subsecretario señaló que “hubo un desprecio muy grande por los más necesitados y los trabajadores”.
? Avanzan las obras en el barrio "San Ceferino" de Chivilcoy: se entregaron 143 viviendas y en los próximos meses otras siete familias podrán cumplir el sueño del techo propio
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— Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (@MInfraPBA) September 4, 2020
Ante este escenario, Selzer detalló que la intención de la Provincia es poner en marcha de acá a mediados del año que viene unas 12 mil viviendas.
En concreto, el objetivo es pasar de un ritmo de 2.000 viviendas por año, el pobre promedio que dejó el Gobierno de Cambiemos, a cerca de 10.000.
“El nivel de ejecución del Instituto de la Vivienda fue de 2.000 viviendas por año, históricamente venía de un nivel de más del doble. Por eso vamos a hacer todo el esfuerzo para que se haga realidad el pedido del Gobernador. Todos los trabajadores se están poniendo la camiseta”, remarcó Selzer.
¿Cómo estaba la Provincia en materia viviendas cuando asumieron?
Había 2.011 viviendas detenidas que se financiaban a través del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y otras 4.000 que también estaban paradas por falta de pago desde 2019.
No se habían pagado los certificados de las obras, ni se había avanzado con las redeterminaciones de precios y por consiguiente las empresas o municipios pararon las obras. Eso tuvo una terrible consecuencia no sólo social sino administrativa.
La rectivación de obras en el barrio San Ceferino de Chivilcoy.
Hubo que reiniciar todos los convenios con Nación dado que cuando un contrato deja de operar y se abandona la obra y se la retoma un año después, tiene una ruptura de la ecuación económica-financiera. Había que encontrar un mecanismo para que se paguen a valor actual. No son cuestiones sencillas.
Todo eso fue una gran complicación y se está resolviendo con la buena predisposición de la ministra (María Eugenia) Bielsa.
¿Cómo era la situación respecto a las deudas y el Instituto de la Vivienda?
Lo que encontramos es obras paralizadas y deudas. En viviendas había una deuda $550 millones, sin actualizar por inflación, y contratos firmados por $6.800 millones, de convenios que no los pagaban.
La rectivación de obras en el barrio San Ceferino de Chivilcoy.
El nivel de Ejecución del Instituto de la Vivienda fue de 2.000 viviendas por año, cuando históricamente venía de un nivel de más del doble y los motivos creo que son múltiples: falta de interés, utilización de fondos para otros programas… es un Instituto que hay que trabajar para poner en marcha devuelta.
¿Se van a reactivar esas obras?
De esas 4.000 viviendas paralizadas, hace unos días se firmó un convenio para reactivar una parte. Las otras 2.000 son recursos automáticos del FONAVI y esas obras sí empezamos a reactivar con recursos propios de la Provincia y del FONAVI.
Hay 500 en ejecución y para el 15 de septiembre vamos a reactivar otras 1.200. Pensamos que en un futuro próximo ni bien terminemos el análisis con Nación vamos a reactivar todas.
¿Qué nuevos proyectos planean?
Estamos generando proyectos nuevos para ejecutar otras 7.000 que vamos a licitar entre este año y el que viene. Forma parte del plan de reactivación. Estamos negociando la aplicación de un crédito por USD 125 millones para la realización de otro paquete de 2.700 viviendas.
El crédito estaba otorgado al Gobierno anterior como el de otros organismos internacionales que no fueron ejecutados. Encontramos eso que es muy importante. Además, presentamos proyectos para obras en el Conurbano.
El subsecretario de Obras públicas, Ernesto Selzer.
Estamos hablando de un volumen de más de 12 mil viviendas que de apoco vamos a ir poniendo en marcha y queremos tener en ejecución para mediados del años que viene.
¿Qué ritmo se le pretende imprimir al Instituto de la Vivienda?
La Provincia tiene como meta hacer 10.000 viviendas por año y vamos a hacer todo el esfuerzo para que se haga realidad. Tenemos el compromiso de todos los trabajadores y profesionales de la cartera, pero pasar de 2.000 a 10.000 la producción es un esfuerzo muy grande.
¿Qué opina de la toma de tierras?
Quienes toman las tierras y quienes los incentivan, en general, pueden no ser quienes después las ocupan, que son los más necesitados. Muchas veces hay negocios.
De todas maneras, la vivienda digna es un derecho constitucional y también marcada por leyes provinciales. En este caso, quien lleva adelante las políticas de la emergencia es el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
¿Qué rol tiene el Instituto de la Vivienda?
El Instituto planifica viviendas sobre terrenos regularizados y a largo plazo. El problema que hay que el Instituto no tiene viviendas libres para asignar a esa gente tan necesitada. Construir un barrio no tarda menos de un año y medio. Vamos a colaborar con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad con todo lo que podamos.
¿Qué tiene que tener una vivienda para que sea digna?
Una vivienda digna además de las condiciones interiores debe contar con el derecho del goce de la ciudad, con acceso a infraestructura adecuada.
Todo es parte del concepto de vivienda digna. La cultura de nuestro país hace que el sector adjudicatario piense que la seguridad se la da el ladrillo por eso trabajamos con construcciones tradicionales.
Parte de las obras que retomó la provincia.
Aunque hubo algunos antecedentes de construcciones industrializadas, lo que garantiza que va a tener un mantenimiento razonable es que sea sostenible y eso lo garantiza el ladrillo.
¿Cuál es la dimensión social de las políticas de viviendas?
Tienen un valor social que no es cuantificable. El acto de entrega de vivienda es de lo más emocionante que viví en la vida y eso que transité muchísimos. Creo que venimos de un desprecio muy grande por los más necesitados y los trabajadores. Hay quienes piensan que sólo ellos tienen el derecho al goce.
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