El conflicto entre el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Agremiación Médica Platense (AMP) llegó otra vez a una situación límite, con la ruptura del diálogo por parte de la entidad médica y la amenaza de dejar a 300 mil afiliados de La Plata sin cobertura.
Por eso, la obra social bonaerense junto a la Defensoría del Pueblo intimó a la poderosa Agremiación a que no deje desamparado a los platenses y advirtió sobre posibles medidas legales. En ese contexto, la titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, María Laura Ramírez, consideró que se trata de una “extorsión”.
“Homero Giles asumió hace poco tiempo en medio de una pandemia, es triste que busquen desinformar sobre las medidas que se tomaron, vemos una clara intención política. A los afiliados hay que decirle que el IOMA nunca interrumpió la cobertura sino la AMP”, consideró la diputada provincial.
En esa dirección, la legisladora del Frente de Todos sostuvo que se trata de “un hecho amenazante, la forma en que quieren acorralar al Gobierno bonaerense es extorsiva” y relaciono la postura de la AMP con “lo que pasó la semana pasada con la policia”.
A continuación Ramírez fue al fondo de la cuestión. “La AMP actúa así porque se les toco el bolsillo, había médicos que cobraban $200 por atención a los afiliados, otros $2.000 y otros hasta $200.000 por mes”, preciso sobre las denuncias penales que realizó el IOMA contra una docena de profesionales de la Agremiación.
“Se trata de una mafia médica que actúa en plena pandemia. No puede ser que mientan porque se les está tocando el bolsillo, hay médicos denunciados y le van a tener que explicar a la sociedad porque ganaban toda esa plata. Tienen que darse cuenta que vinimos para gobernar”, contrarrestó la legisladora.
En rigor, como viene informando Diputados Bonaerenses, la gran batalla que libra la AMP no tiene que ver con el nuevo convenio ni con la discusión por el nomenclador, sino que apunta a la definición del gobernador Axel Kicillof de “cortar con los circuitos corruptos” dentro del IOMA.
El Gobierno bonaerense se atrevió a discutirle a la Agremiación el millonario pasamano que mantiene desde décadas, a través del cual concentra la facturación que cerca de 5.000 médicos emiten a la obra social.
Como explicó este medio, se trata de un volumen de $130 millones por mes, unos $1.300 millones al año. En concreto, la Agremiación Médica Platense funciona como agente de pago y en el pasamano retiene casi $11 millones por mes, en conceptos de “gastos administrativos” que van a los bolsillos de la entidad.
Además, Homero Giles realizó 12 denuncias penales contra médicos por “fraude en perjuicio de la administración pública” y contra las autoridades de la AMP por “omisión de control de prestaciones médicas”, habida cuenta de las graves irregularidades que se detectaron.
Dentro de las presentaciones judiciales se encontraron afiliados que registraron 800 consultas durante la cuarentena, otros que no conocían ni siquiera el nombre del profesional y unos pocos médicos con sobre facturaciones que en algunos casos alcanzan los $246.000.
La obra social sospecha que la AMP dejó pasar las supuestas prestaciones apócrifas para engrosar esos casi $11 millones mensuales que retiene. A mayor volumen “mayor recaudación”. Esas fueron las dos decisiones de Kicillof tuvieron un alto costo político.
