En medio de las negociaciones para definir un nuevo cuadro tarifario, la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos realizó el análisis de la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) y del cumplimiento de las inversiones comprometidas por las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires.
Los resultados del informe que comprende el período 2016-2019, durante la administración de María Eugenia Vidal, es lapidario: el Ministerio detectó tarifazos injustificados, falta de inversiones, mala calidad del servicio, ausencia de controles y auditorías, y ganancias exorbitantes para las empresas.
“Demuestra que en los últimos años se autorizaron aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas”, sostiene el estudio realizado por la cartera a cargo de Agustín Simone.
Durante la era Vidal se registró una “fuerte quita de subsidios a nivel nacional” e incrementos en las facturas finales de los usuarios “que oscilaron en promedio entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años”. Sin embargo, los tarifazos no se vieron reflejados en inversiones en la red ni ejecución de obras en las instalaciones.
“En concreto, a pesar de que el monto reconocido de inversión incluido en las tarifas fue de $12.092 millones, no hubo un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni tampoco procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de las mismas”, destaca el informe de la Subsecretaría de Energía.
En paralelo, en el estudio “se identificaron errores metodológicos que modificaron los resultados”. “Esa falta de inversión quedó reflejada en la mala calidad y confiabilidad del servicio que presentó durante los últimos cuatro años numerosos eventos de interrupción del servicio eléctrico”, agrega.
A continuación el análisis expone el verdadero meollo de la cuestión. “El fuerte aumento de las tarifas y el bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red, tuvo como resultado un crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras eléctricas”, explica.
Puntualmente, el estudio del Gobierno bonaerense da cuenta del “extraordinario crecimiento patrimonial, producto de la RTI, tuvo su correlato en el crecimiento de los resultados: las cuatro empresas distribuidoras aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%”.
En ese sentido, la Subsecretaría de Energía afirma que ese proceso se vio reflejado “en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares”. También se mete en la falta de controles.
“A partir del abandono durante los últimos cuatro años que sufrió el OCEBA, no existió por parte del Estado la implementación de los controles establecidos por la normativa vigente. Sólo se realizaron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales”, añade.
Por eso, desde la cartera bonaerense afirman que “tampoco se implementó por parte de la autoridad de aplicación la contabilidad regulatoria, herramienta fundamental de control sobre la gestión de las empresas”.
“El informe es concluyente: el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio. Si a eso se suma un Estado que abandonó su función de control y seguimiento sobre la ejecución y la inversión de obras, el resultado fue una ganancia millonaria para las empresas distribuidoras de energía eléctrica y un claro perjuicio para los habitantes de la Provincia”, cierra.
