A poco mas de una hora de iniciar la discusión paritaria con los trabajadores estatales, el gobierno de Axel Kicillof cosechó el rechazó de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) al ofrecimiento de un aumento salarial de 8,5% en septiembre y otro 3,5% a octubre.
“El Ejecutivo provincial realizó una propuesta salarial para las y los trabajadores judiciales, considerada insuficiente en la mesa de negociación por las y los representantes de la AJB”, expresaron por medio de un comunicado.
Ante la negativa gremial, la mesa técnica encabezada por la Ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, el Ministro de Economía Pablo López y Santiago Avila por la cartera de Justicia, pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes 13.
En diálogo con Diputados Bonaerenses, el secretario general de la AJB Pablo Abramovich adelantó que “esperamos tener reuniones de trabajo los días previos para evaluar las distintas alternativas que permitan dar respuestas a los planteos del sindicato”.
En concreto, la propuesta del Ejecutivo fue de un 21% y volver a discutir en diciembre; 8,5% de incremento sobre los salarios de septiembre y un 3,5% sobre los salarios de octubre, lo que representa incrementos anuales acumulados del 17,5% y 21%.
En este sentido, Abramovich explicó que “la insuficiencia de la oferta, responde a que los porcentajes ofrecidos quedan muy debajo de la inflación proyectada para los meses de septiembre y octubre”.
“Además, no se da respuesta al reclamo gremial de incrementos con retroactividad que compensen el poder adquisitivo perdido en el segundo trimestre del año. Asimismo, insistimos que el incremento debe incluir una previsión de aumentos para los últimos tres meses del año, con una revisión en el mes de diciembre”, concluyó el gremialista.
La AJB también pretende recuperar lo “perdido en 2018 y 2019 y la liquidación al 3% de la antigüedad que se pagan por debajo de ese porcentaje (1996-2005)” y “la sanción del proyecto de ley de negociación colectiva para el Poder Judicial”.
En paralelo, los judiciales piden discutir la “infraestructura edilicia; el nombramiento de personal; la devolución de los descuentos por paros; y la incorporación a planta permanente de los trabajadores contratados por las empresas tercerizadas de limpieza”.
Por último, solicitan la “creación de una partida extraordinaria para el Poder Judicial que permita financiar gastos en medidas de prevención contra el COVID-19 (instalación de barreras fijas de protección y provisión de equipamiento)”.
