Luego de que se trabara la competencia entre la justicia federal de Lomas de Zamora y los tribunales de Comodoro Py por el presunto espionaje ilegal realizado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre el Instituto Patria, la Cámara Federal de Casación Penal, definirá dónde continúa la investigación.
Se trata del expediente que se viene tramitando en el juzgado lomense, a cargo de Juan Pablo Auge, por el que ya están procesados, entre otros, los dos exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes pretenden que el caso pase a manos de la justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal salió sorteada ayer para intervenir en el conflicto de competencia luego de que el juez Auge rechazara enviar la causa a los tribunales federales de Retiro como le había requerido su colega de Comodoro Py, María Eugenia Capuchetti, a instancias de un fallo de la Cámara Federal porteña firmado por el juez Mariano Llorens.
En aquel fallo, el juez Llorens le había dado la razón a la defensa de Arribas, que sostenía que los hechos vinculados con el supuesto espionaje al Instituto Patria y al domicilio de la expresidenta debían investigarse en la Ciudad de Buenos Aires porque allí están ubicados los dos inmuebles como también la sede central de la AFI, organismo desde el cual se habría orquestado la maniobra.
El juez Auge, quien ordenó a mitad de año la detención del exhombre de confianza de Patricia Bullrich y ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, por su parte, había respondido que “corresponde que esta causa y su conexa (que investiga espionaje ilegal a dirigentes de toda índole) continúen tramitando en esta jurisdicción, que es la que previno”.
Al mismo tiempo, el magistrado señaló que "no resulta posible determinar un lugar de comisión analizando un solo segmento de los hechos, cuando existe aquí una organización delictiva conformada para cometer, entre otros delitos, gran cantidad de espionajes y seguimientos ilegales”.
Al referirse al origen del expediente, el juez Auge recordó que en el afán de intentar dar cobertura legal al espionaje sobre la entonces senadora se utilizó una causa radicada precisamente en Lomas de Zamora. Revelando elementos que prueban que los eventuales delitos se habrían cometido en múltiples jurisdicciones por lo que no correspondería enviar el expediente a Comodoro Py.
La denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante los Tribunales de esta jurisdicción, pone de manifiesto que en el marco de la causa judicial 82441/2017, también en trámite ante este circuito federal, se introdujeron informes relativos a tareas de investigación que no estaban vinculados con su objeto procesal y que en realidad correspondían a acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25.520”, detalló el juez.
