El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley para garantizar la formación obligatoria en temáticas ambientales para quienes cumplen funciones dentro de los tres poderes del Estado, cuya autoría corresponde al senador del Frente de Todos, Emmanuel González Santalla.
La iniciativa funciona de manera similar a la Ley Micaela, y apunta a que quienes desempeñen funciones que luego impactan en las políticas públicas aplicadas en el territorio bonaerense, consideren el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable. La autoridad de aplicación será el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
“Lo presentamos incluso antes que el de Nación y lo trabajamos con funcionarios y el bloque de Juntos por el Cambio que sin dudas lo han mejorado. Es muy importante para nosotros, la crisis sanitaria expuso una crisis social y ambiental que vino a profundizar la que dejó el gobierno de Cambiemos”, manifestó el autor del proyecto.
En la última sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, se aprobó casi por unanimidad la “Ley Yolanda”, que establece esos mismos lineamientos pero a nivel nacional y fue un impulso del oficialismo y la oposición.
“Discutimos el rol del Estado en la construcción de un modelo distinto, la salida de esta pandemia no puede ser volver a la vieja normalidad de exclusión, contaminación y denigración del ambiente”, enfatizó el legislador.
El autor del proyecto enfatizó en que uno de los objetivos principales de esta ley es garantizar el compromiso del Estado en la materia ya que es imprescindible para la implementación de un modelo de desarrollo sustentable en la Provincia.
“Este proyecto tiene que ver con la posibilidad de construir un Estado para edificar una sociedad más justa, los problemas ambientales generan pobreza. Quienes más lo sufren son los pibes y pibas de los barrios populares que viven en lugares que no son habitables”, resaltó González Santalla.
La Ley de Formación para la Transversalidad de la Perspectiva Ambiental en la Política Pública busca generar hábitos que nos amiguen con nuestro entorno, preservando nuestros bienes naturales, la diversidad biológica y el acceso a la información y educación ambiental.
“Hablar de ambiente es hablar de justicia social y de redistribución de la riqueza y eso toca intereses sectores que no están dispuestos a que entremos todos y todas. El Estado es el articulador de estas discusiones. Necesitamos más participación de la sociedad para dirimir esas tensiones que se generan”, especificó el senador.
El proyecto del legislador de Avellaneda fue presentado con el apoyo del ministro nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, el jefe de bancada Facundo Tignanelli y la diputada nacional Daniela Vilar.
“Es difícil poder tomar decisiones cuando dejamos un país con millones de dólares de deuda, esa dependencia pone un límite a la construcción de la sociedad que queremos. Este proyecto intenta ser un paso en la construcción de un nuevo modelo de país”, concluyó.
Luego tomó la palabra el senador de la Coalición Cívica Andrés De Leo, quien había sido acusado de frenar la sanción de la ley en la sesión anterior de la Cámara alta, cuando Juntos por el Cambio pidió incorporar algunos puntos para “mejorar el proyecto”.
“Cómo no vamos a poder dialogar en una agenda en común como el tema medioambiental. Detrás de consignas a las que todos estamos de acuerdo, podemos tener diferentes interpretaciones o caminos. No siempre una posición nos define o nos etiqueta”, manifestó De Leo.
Luego, aclaró cuál fue el motivo que generó un atraso en el apoyo y manifestó que “en el momento en que el proyecto daba pasos para avanzar y muchos compañeros entendían que era bueno, se daba en el marco de un conflicto familiar en Entre Ríos y esto genera cuestiones que hacen alertas a diversos sectores y representantes”.
Más allá de eso, manifestó que desde el bloque “celebramos arribar a un acuerdo de un proyecto en el cual todos estamos de acuerdo y somos conscientes de la importancia de instalar en al Argentina una agenda medio ambiental. Nos hubiera gustado que el impulsor del proyecto lo pudiera haber hecho con anterioridad a la sanción de la ley Yolanda, pero no es solo cuestión de consensuar, sino que hay que priorizar los diálogos, consensos y mirar los contextos”.
