El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sancionó a las distribuidoras Edenor y Edesur en $ 6.561.934 por incumplimientos en materia de Seguridad Pública y reiterados cortes de energía correspondientes a denuncias de 2018 y 2019, informó el organismo de contralor.
La sanción se formuló mediante siete resoluciones tras haber verificado diferentes casos por anomalías en materia de seguridad eléctrica en la vía pública y deberes de información y respuesta a los requerimientos emitidos por el Ente.
Todas las resoluciones llevan la firma de la interventora Soledad Manin, recientemente designada mediante el decreto 963 que al convirtió en la primera mujer en estar al frente del organismo.
Para el análisis de todos los casos se tuvo en consideración los reclamos efectuados por los usuarios, los informes presentados por la distribuidora y los resultados de las inspecciones llevadas adelante por el Enre.
Asimismo, algunas de las sanciones formuladas contra la concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica Edesur también incluyen más de 20 anomalías.
Estas anomalías fueron verificadas tras efectuar el seguimiento y control de aquellas obras ejecutadas en la vía pública durante el período comprendido por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019.
Además, dos de las sanciones a Edenor son en el área de concesión de La Matanza por accidentes ocurridos en la vía pública y de las que fueron víctimas con lesiones dos menores de edad. En este mismo sentido, otra de las sanciones a Edesur es en el municipio de Almirante Brown y también involucra a un menor.
Las Resoluciones emitidas "se enmarcan en el trabajo que lleva adelante el Ente Regulador para brindar respuesta a los más de 40.000 reclamos que quedaron pendientes de la gestión anterior", destacaron desde el organismo.
Las funciones de control del ENRE tienen por objetivo no solo imponer sanciones a las distribuidoras bajo su jurisdicción, sino también disuadirlas de desplegar conductas que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía.
Vale recordar, que la semana pasada, el Gobierno nacional junto a la administración bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires acordaron dar marcha atrás con el decreto de la exgobernadora, María Eugenia Vidal, que favorecía el traspaso a los dos distritos de las responsabilidades sobre el control de las distribuidoras Edenor y Edesur.
La intención es resolver el “limbo jurídico” en el que quedó la medida a falta de la firma de una serie de actas-acuerdos y la conformación de un ente regulador que no se implementó porque para ello las tres jurisdicciones (Nación, Provincia y CABA) debían dar el visto bueno.
Ahora, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, junto con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; el ministro de Desarrollo Económico y Producción de CABA, José Luis Giusti; y el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, trabajan para esclarecer el control del Estado.
“Iniciamos el proceso de recuperación del poder concedente por parte de Nación, en un proceso de coordinación, diálogo y confluencia federal para asegurar el control y la regulación del servicio público de distribución eléctrica en el AMBA”, dijo Martínez días atrás.
Hay que destacar que el Gran Buenos Aires concentra 40% del consumo residencial y el 32% del comercial de todo el país y alberga a casi 72.500 industrias. “Garantizar el suministro eléctrico confiable y de calidad en esta área es una necesidad imperiosa para seguir profundizando la reconstrucción argentina”, afirmaron en un comunicado.
Es preciso mencionar, que la marcha atrás se enmarca en los reiterados reclamos de los intendentes del Conurbano por los cortes de suministro eléctrico que sufrieron y siguen padeciendo los vecinos en plena cuarentena de coronavirus (Covid-19) y por la falta de inversiones en que incurrieron ambas empresas.
