El Gobierno nacional autorizó este jueves bajo la Resolución 2987/2020, que lleva la firma del ministro de Salud Ginés González García, un aumento del 7% en las cuotas de las prepagas a partir de febrero de 2021.
"Autorizase a todas las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) un aumento general, de hasta un 7% a partir del 1º de febrero de 2021", indica la resolución.
Si bien, a mediados de octubre, desde la Superintendencia de Seguros de Salud había anunciado que el incremento a partir de febrero sería del 10%, finalmente solo se oficializó una suba de hasta el 7%.
Algo similar había sucedido con el aumento estipulado para diciembre: en principio se informó que sería de un 15% y el Gobierno terminó aprobando una suba de hasta el 10%.
Asimismo, el texto indica que "las entidades deberán, una vez autorizado dicho aumento, informar a los usuarios los incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir".
"Que la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (CIMARA) y la Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP) han informado el impacto que les ha causado el incremento de los costos del sector desde la fecha del aumento de cuotas autorizado a las Entidades de Medicina Prepaga en diciembre de 2019, especialmente en el delicado contexto de atención de la pandemia mundial suscitada a principios de 2020 y que ha demandado esfuerzos inusitados del personal de salud", concluye la norma.
En este sentido, las entidades del sector también “han expresado su preocupación por el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores y enfatizado la necesidad de incrementar los valores retributivos que perciben por las prestaciones que brindan, a fin de paliar dicha situación y garantizar su continuidad”.
Si bien las cuotas de la medicina privada no habían registrado suba alguna hasta este mes, el sector recibió algunos beneficios por parte del Gobierno para llevar adelante su actividad durante la pandemia.
En primer lugar, por tratarse de una actividad considerada esencial, las empresas de salud estuvieron incluidas en el Programa ATP, por lo que el estado absorbió el pago de una parte de los salarios de sus empleados.
Asimismo, en el inicio de la lucha contra el coronavirus, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 300/2020, destinado a beneficiar a los “empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud”.
A través de esa normativa, que estuvo vigente hasta fines de noviembre, las empresas estuvieron eximidas del pago de contribuciones patronales y pagaron una alícuota menor del impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como “impuesto al cheque”.
