Cuarenta y cinco sociedades científicas repudiaron el fallo que ordenó al Sanatorio Otamendi a tratar con dióxido de cloro a un paciente en estado crítico con Covid-19, que finalmente falleció ayer, al tiempo que avalaron el accionar del establecimiento médico y recordaron que se trata de un tratamiento no autorizado por la Anmat.
La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) emitió un comunicado para expresar su respaldo a los médicos del Sanatorio Otamendi en su negativa a suministrar a un paciente dióxido de cloro, “que no tiene ninguna evidencia científica para ser utilizado como droga de tratamiento", y nebulización con ibuprofeno, “que tampoco, hasta la actualidad, tiene trabajos científicos que avalen su indicación en esta forma”.
En el texto, la SATI señaló que la justicia no debe obligar a los profesionales a indicar un producto o una medicación que no tengan respaldo científico, que no cuente con la autorización de los entes de regulación tanto nacionales como internacionales o que no esté respaldada por la sociedad científica.
Además, pidieron a las autoridades “que arbitren las medidas necesarias para dar “seguridad profesional y garantía jurídica a los profesionales”, de modo que “puedan actuar con la libertad que otorga la medicina basada en la evidencia científica, y para que se frene la judicialización de la medicina, sin razones coherentes, como lamentablemente, está sucediendo últimamente”.
En tanto, la Sociedad Argentina de Medicina (SAM) respaldó a “los comunicados de Anmat y de la OPS respecto a no recomendar tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados en pacientes con sospecha o diagnóstico de Covid 19 ni en ningún otro caso”, dado que no hay evidencia de los efectos adversos y que su ingesta puede ser peligrosa.
Por otro lado, la Asociación Toxicológica Argentina (ATA) recomendó no utilizar productos a base de dióxido de cloro ya sea en pacientes con Covid-19 como en cualquier otra enfermedad, remarcando al igual que las otras instituciones la falta de evidencia en cuanto a su eficacia y por los graves efectos adversos que pueda ocasionar.
Por último, 45 sociedades científicas reunidas en el "Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades", emitieron un comunicado conjunto para expresar “suma preocupación” por “la injerencia del poder judicial en un tema médico-científico con implicancia en la salud pública”.
Además, repudiaron el accionar de aquellos profesionales de la salud que alientan estas medidas sin medir el daño que conlleva su accionar. Asimismo, aclararon que si bien es atendible "la desesperación de los pacientes y sus familias ante la presencia de una enfermedad” así como “el principio de ‘autonomía’ de los pacientes”, a ellos se oponen “otros principios como el de ‘beneficencia’ pero fundamentalmente el de ‘no maleficencia’".
Además de ATA, SAM y SATI, entre las asociaciones firmantes se encuentran la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Virología (SAV) y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).
El 7 de enero un fallo del juez federal Javier Pico Terrero admitió como válida la medida cautelar presentada contra el sanatorio Otamendi y Miroli con la que se define que se "administre el uso del ibuprofenato de sodio, a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa" a un paciente en grave estado de salud por coronavirus que "no había respondido a los tratamientos convencionales con oxígeno", y que finalmente falleció ayer.
Cabe destacar, que el abogado de los familiares del fallecido, Martín Sarubbi, anunció hoy que demandará al centro asistencial por los presuntos delitos de homicidio culposo y desobediencia, y señaló que el tratamiento con dióxido de cloro fue aplicado por el médico neurocirujano Dante Converti.
