La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen del proyecto que ratifica el Consenso Fiscal 2020, que otorga $ 70.000 millones a las provincias para reactivar sus economías, limita el aumento de la deuda púbica y suspende los procesos judiciales por la distribución de la coparticipación federal.
Se trata del acuerdo fiscal suscripto por el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales el 4 de diciembre pasado, en un acto que se realizó en la Casa Rosada, que podría ser debatido en las próximas semanas por el Senado, ya que se encuentra en el temario de convocatoria a extraordinarias.
Como es sabido, todas las provincias firmaron el acuerdo, excepto San Luis y La Pampa, que brindaron su apoyo pero no rubricaron el documento porque tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal; y la Ciudad de Buenos Aires, enfrentada con el Gobierno nacional por la reasignación de fondos coparticipables.
Al iniciar el debate el presidente de la Comisión de Presupuesto del Frente de Todos, Carlos Caserio, destacó que "el consenso es una herramienta muy importante en un año que seguirá siendo duro", y resaltó la importancia del fortalecimiento de la interrelación Provincias-Nación.
Además, Caserio puso de relieve, al cerrar el debate de la comisión, que el acuerdo contempla la posibilidad de que "las alícuotas tengan un máximo”. “Es una limitación a lo que cada provincia puede hacer", agregó.
Por otro lado, desde el radicalismo, el senador nacional Victor Zimmermann (Chaco), manifestó su "preocupación" porque en el texto "no hay ninguna recomendación respecto al comportamiento del gasto".
Por su parte, el senador de la UCR La Rioja, Julio Martínez, sostuvo que "durante los cuatro años del Gobierno de Cambiemos las provincias tuvieron superávit”. “Cuando asumimos había 14 provincias que no podían pagar aguinaldos y 17 en déficit, y cuando terminamos el gobierno la mayoría estaba en equilibrio”, analizó.
El acuerdo fiscal establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera, respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.
Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, o con acreedores institucionales siempre que estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.
Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de coparticipación federal de impuestos.
La velocidad de esa recuperación dependerá de la normalización de las regulaciones en el mercado de trabajo, así como de incentivos concretos a la inversión, el crédito y una disminución de la presión fiscal al sector formal de la economía.
