La diputada provincial del Frente de Todos, Debora Galán, repudió el proyecto su par nacional de Juntos por el Cambio, Eduardo Cáceres, que busca modificar la Ley Micaela y penalizar las falsas denuncias y escraches sociales por cuestiones de género.
Por medio de un escrito ingresado en la Cámara baja bonaerense, Galán expresó que “cuando se dio a conocer el proyecto me produjo una gran indignación porque se burla de todos los tratados internacionales que incorporan la perspectiva de género”.
La iniciativa de Cáceres, que contó con el aval de 14 diputados y diputadas del bloque, fue impulsada luego de que una mujer apuñaló a su novio y entre los argumentos esgrime que “la violencia no distingue géneros, sino que la sufren tanto los hombres como los travestis, transexuales y transgénero”.
“Si esta ley llega a avanzar no hay forma de volver atrás porque un femicidio no se repara”, afirmó Galán y enfatizó que “el proyecto está totalmente fuera de lugar, es todo lo contrario a lo que expresa la ley Micaela y el aval de sus pares ratifica su accionar”.
Asimismo, la diputada señaló que “en el marco de las capacitaciones que se están tratando de llevar adelante en el marco de la Ley Micaela, esto me produce indignación, nos pone en alerta nuevamente porque estas cosas no se las podemos dejar pasar”.
En ese sentido, el proyecto de “Ley Alejo” pretende tipificar “falsas denuncias o escraches sociales” y “juzgamiento de su rol paterno o de pareja, acciones de distanciamiento e impedimento de contacto con sus hijos, y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación”.
Al respecto, la legisladora provincial consideró que es “una falta de respeto al movimiento de mujeres y disidencias que hacen esfuerzos por ratificar las premisas de protección de de derechos de las mujeres”. “Tenemos un avance que costó un montón y estamos en emergencia en materia de violencia de género”, completó.
Cabe señalar, que Cáceres está denunciado por su pareja, la vicepresidenta del Pro sanjuanino, Gimena Martinazzo, por violencia de género. En diciembre, el juez Federico Rodríguez lo procesó tras realizar peritajes médicos, psicológicos y también otros realizados sobre el teléfono de la mujer.
Haciendo referencia a la situación, Galán enfatizó que “teniendo un proceso judicial en su contra, no sé cómo le dio la cara para tapar o buscar una ventaja a favor suyo detrás de ese proyecto”.
Días atrás, quince diputadas del Frente de Todos solicitaron a la cámara baja la suspensión del legislador nacional, quien regresó a su banca el 12 de febrero después de dos meses de licencia. No obstante, pares de otros bloques, incluido Juntos por el Cambio, adhirieron a este pedido.
