El Gobierno nacional iniciará el lunes y el martes próximos el proceso de audiencias públicas para discutir el nuevo costo del precio del gas a boca de pozo y el margen que deberá asumir mediante subsidios.
Además, se definirá la actualización del transporte y la distribución mediante un cuadro tarifario de transición que pondrá punto final a dos años de congelamiento del precio del gas en el país.
En ese sentido, la primera de las audiencias convocada por la Secretaría de Energía, será virtual, a partir de las 10:00 horas, tendrá 42 oradores y estará presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.
La segunda etapa de la revisión tarifaria se realizará el martes, a partir de las 9:00, en este caso convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y se analizará la evolución de las tarifas para las dos empresas de transporte de gas y las 9 distribuidoras del producto.
Respecto a la primera audiencia, el eje estará puesto sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist), que representa aproximadamente el 40% de la factura.
También se revisará el porcentaje de ese costo que el Estado nacional asumirá mediante subsidios y lo que deberán afrontar los usuarios, en el marco del Plan de Promoción del Gas Natural Argentino 2020-2024.
Tras la presentación de la Secretaría de Energía y de las empresas productoras de gas natural, la audiencia dará un espacio de 10 minutos a cada uno de los 42 oradores inscriptos para que puedan exponer sus puntos de vista.
Entre los anotados se encuentran legisladores nacionales, representantes de las defensorías del Pueblo de la Nación, CABA y de la Provincia de Buenos Aires, asociaciones de defensa del consumidor, y directivos de empresas y de ONG.
Cabe recordar que, en la presentación del Informe Técnico de la Secretaría de Energía que conduce Darío Martínez, se destacó que el Estado nacional tiene a su cargo el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria.
Por lo mismo, el Estado debería hacerse cargo en 2021 de un porcentaje que demandaría un costo fiscal de $ 132.963 millones y una necesidad de partidas de $56.087 millones no presupuestadas.
A partir de esto, se plantearon distintos escenarios, en los que se estimó que cuando el Estado nacional asuma un costo del 35%, no se requieren partidas presupuestarias adicionales.
Tal escenario es compatible con un costo fiscal estatal de $76.875 millones según la pauta presupuestaria vigente y los restantes $144.729 millones lo absorberían los usuarios, esquema hipotético que implica un incremento en el costo del gas a cargo de los consumidores del orden del 63%.
Esto se traduciría en una adecuación tarifaria de entre el 26% y el 35 % para el caso de dos ejemplos para consumos mensuales de los meses de marzo y julio respectivamente, objetivo al que apuntaría la Secretaría de Energía.
Pero la estimación no se podrá aplicar directamente, para asegurar el menor impacto posible en los presupuestos de los usuarios y sus familias, así como para aminorar el golpe inflacionario que tendría en el intento de mantener el índice en torno al 29% para todo 2021.
En ese marco, la segunda etapa de esta revisión de aumentos que comenzará el martes 16 de marzo, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), analizará las propuestas que las distribuidoras de gas natural presentaron al Ente para la actualización tarifaria.
Para esta instancia el ente llevaba inscriptos alrededor de 200 oradores, que avaluarán la iniciativa empresarial que plantea un ajuste del componente de distribución según el algoritmo de cálculo del índice de precios para el período de abril de 2019 y febrero de 2021.
Las opciones que proponen las empresas para ajustar tarifas contemplan un aumento de los cargos fijos, o de los cargos variables, o una combinación de ambas, que permitan abordar una tarifa de transición para 2021 y alineada a un impacto esperado en la economía de los hogares en torno a un 10%.
Las distribuidoras que participarán de la audiencia pública y que presentaron sus requerimientos son Gasnea, Redengas, Naturgy BAN, Gasnor, Gas del Centro, Gas Cuyana, Metrogas, Litoral, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.
Por su parte, las empresas Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transportadora Gas del Norte (TGN) elevaron pedidos de incrementos de hasta el 58%, con un impacto sensiblemente menor en la factura final de acuerdo a su ponderación.
TGS propuso un incremento de transición de 58,6% con referencia al gasto de un cliente de la distribuidora Metrogas, la más alejada de los centros de producción y con mayor impacto del transporte.
En el caso de TGN, la empresa propuso un incremento en la tarifa local de transporte del 44,5%, y para ello toma como ejemplo el área de la distribuidora Gasnor, Subzona Tucumán, y el área de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires.
La realización de las audiencias públicas tiene un carácter no vinculante para la decisión de incrementos tarifarios que se puedan adoptar, si bien su concreción resulta necesaria para poder llevar adelante los ajustes previstos en los próximos meses.
