Presionada por el frente de gremios opositores que este martes protagonizaron un paro nacional y advirtieron que irán a una huelga general “con o sin la CGT”, la cúpula de la central obrera abrió nuevas negociaciones con el Gobierno.
Desde hace tiempo, la CGT le viene “poniendo el hombro” a Mauricio Macri para aportar a la “gobernabilidad” pero sobre todo bajo la convicción que un paro general no cambiaría la política económica del Gobierno de Cambiemos.
El análisis del binomio Carlos Acuña-Héctor Daer, que además cree que “no están dadas las condiciones para llamar a la huelga”, es cuanto llamativo porque descree de la herramienta más poderosa con la que cuenta la CGT contra el Gobierno.
Así las cosas, el paquete que pretende la dirigencia cegetista incluye renovar el fracasado “pacto antidespidos”, cerrar “acuerdos paritarios cortos”, algunos cambios en Ganancias y sillas en un organismo clave para los gremios.
El acuerdo “antidespidos”, que surge de un decreto de Macri, en realidad se trata de un aviso obligatorio que deben realizar los empleadores 10 días antes antes de efectuar cesantías.
En el período que estuvo vigente, hasta el 31 de marzo, dejó en claro su estrepitoso fracaso ya que los despidos continuaron en alza. Según la medición oficial SIPA, en febrero hubo 252.500 trabajadores menos que en el mismo mes de 2018.
En paralelo, un estudio privado, focalizado únicamente en el primer trimestre de 2019, muestra estadísticas aún más irrefutables: se perdieron 19.882 puestos en el ámbito privado, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Por otro lado, la dirigencia de la central obrera negocia cambios en Ganancias sobre aquellos trabajadores que perciben adicionales por feriados y horas extras, uno de los reclamos que movilizaron las medidas de fuerza.
También estudian con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, habilitar “acuerdos paritarios cortos” -trimestrales o semestrales- y convalidar pagos no remunerativos, algo que está restringido por un decreto presidencial.
Por último, hay acuerdos relativos a la caja sindical. Macri habilitó el reparto de $13.000 millones para las obras sociales y está dispuesto a negociar los integrantes de la Agencia de Tecnología Médica.
Las sillas en el organismo les servirá a los gremios para reducir los amparos judiciales a la cobertura de servicios médicos no contemplados por el Programa Médico Obligatorio (PMO).
