A dos años de la legalización del aborto, el Proyecto Mirar, encargado de monitorear el cumplimiento de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta 14 semanas inclusive, difundió un informe que detalla los avances y pendientes de la normativa.
Según el último informe del Proyecto Mirar, durante 2022 se registraron 96.664 interrupciones del embarazo en el sector público, lo que representa el incremento de un tercio respecto del año anterior cuando se realizaron 73.487 abortos.
“Esta tendencia de aumento en el número es similar al observado en otros países durante la implementación de políticas públicas de acceso al aborto. Inicialmente, el número de interrupciones aumenta para satisfacer la demanda acumulada y luego se estabiliza o disminuye gradualmente con el tiempo”, explicaron desde el organismo.
En ese marco, entre 2021 y 2022, casi todas las jurisdicciones aumentaron el número de interrupciones voluntarias del embarazo e interrupciones legales del embarazo, realizados en servicios de salud públicos.
En el caso de San Juan, Formosa, Santa Cruz, Neuquén, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes y Chaco el incremento fue entre el doble y el triple, indicaron desde el Proyecto Mirar, dependiente del Centro de Estudios de Estado y Sociedad.
Es preciso señalar que, la diferencia entre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) radica en el momento y motivo por el cual se realiza el procedimiento.
Tal como se consigna en el sitio oficial del Gobierno, la IVE hace referencia al derecho al aborto con la solicitud como único requisito hasta la semana 14 inclusive de gestación. En cambio, la ILE hace referencia al derecho al aborto en caso de que el embarazo sea producto de una violación o si está en peligro la vida o salud de la persona gestante.
En ese contexto, el informe relata que creció un 98% la oferta de servicios tanto de IVE como de ILE. Antes de la sanción de la Ley 27.610, eran 907 los efectores que brindaban acceso al aborto en centros de atención primaria de la salud y hospitales.
Sin embargo, gracias a la legalización del aborto, el número creció a 1.327 en 2021 y a 1.793 en 2022. No obstante, esta tendencia no es la misma en todo el país, ya que en provincias como Tucumán, Salta, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego mantuvieron la misma oferta o la disminuyeron.
Respecto de la mortalidad materna, gracias a la legalización del aborto en 2020, desde el Proyecto Mirar aseguraron que “hubo un descenso de la proporción de muertes maternas por aborto: pasó de 23 en 2020 a 13 en 2021”.
Vale recordar que, en 2022, el Estado Nacional financió la adquisición de misoprostol (medicamento que produce contracciones en el útero y provoca así la expulsión del contenido uterino) y se distribuyeron 62.323 tratamientos, para facilitar el acceso al aborto.
A su vez, el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata acordaron el desarrollo y la posterior producción pública de mifepristona, un medicamento que combinado con el misoprostol aumenta la eficacia de las interrupciones de embarazo con tasas de éxito de hasta un 98%.
Asimismo, la cartera de Salud a nivel nacional inició ese año la distribución del tratamiento combinado de mifepristona y misoprostol a través de REMEDIAR, un programa que brinda acceso y cobertura de medicamentos esenciales a los centros de salud de todo el país.
Por último, este año, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la comercialización de la mifepristona lo que permitió su distribución y venta con receta en farmacias y su uso en los sistemas de salud público, obras sociales y prepagas.
Con estas políticas, el Estado Nacional no solo acompaña la implementación de la Ley 26.710 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo sino que también se adecuó a los considerandos de la OMS, que establece a la mifepristona y al misoprostol como drogas esenciales para proveer servicios de salud de calidad para situaciones de aborto.
Legalización del aborto: qué queda por hacer
Si bien el número de abortos seguros creció, la mortalidad materna disminuyó y el Estado incrementó la producción y comercialización de medicamentos para realizar la interrupción del embarazo, desde el Proyecto Miramar aseguraron que “aún no existe un sistema de registro a nivel nacional que permita conocer el desempeño del servicio de IVE e ILE”.
“El perfil de las personas que acceden y el tipo de tratamiento recibido; de igual manera sucede con la información de las provincias: aquellas que proporcionan datos (no todas) lo hacen con criterios distintos entre cada una. Los monitoreos que hay pertenecen a organizaciones civiles que observan la implementación de este derecho”, explicaron desde la entidad.
En ese sentido, desde el Proyecto Mirar también señalaron que “se carece de un reporte sistemático de las prestaciones de aborto realizadas por las obras sociales y las prepagas”. “Si bien la Superintendencia de Servicios de Salud posee información de sus obras sociales, esta es parcial ya que no cubre el 100% de las que tiene el organismo bajo su jurisdicción”, agregaron.
Por último el reporte de Proyecto Mirar considera que “todavía se debe avanzar en proporcionar educación sexual integral, las opciones de anticonceptivos que hay y las vías para realizarse un aborto en caso de ser necesario”.
Asimismo, el informe de Proyecto Mirar destaca la existencia de cartillas religiosas en algunos servicios de salud, que plantean “interrogantes sobre la imparcialidad y neutralidad que deberían prevalecer en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”.
En un año electoral, tras el batacazo del candidato a Presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, que propone abiertamente la derogación de la Ley de aborto, se vuelve esencial el monitoreo y la vigilancia del cumplimiento de este derecho.
